Las cuentas de consignaciones de los juzgados de Málaga llevan un mes paralizadas como consecuencia de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. La cuantía bloqueada supera ya los dos millones de euros y, por lo tanto, pendientes de entrega. Muchos ciudadanos dependen de ese dinero, pero también abogados, procuradores y peritos están a expensas de cobrar el trabajo realizado.

Las paralización de la tasación de costas procesales y el bloqueo de las cuentas judiciales están afectando "y mucho" a algunos abogados. "Aunque las costas legalmente son del cliente y es a quien realmente le afecta porque quizás tiene problemas económicos graves y está esperando la resolución de su juicio para recibir el dinero de las costas, también nos repercute a nosotros porque no cobramos", explica una de las profesionales del sector.

Del mismo modo, el letrado Raúl Olivares cuenta que, a pesar de que sus clientes vean estimadas sus pretensiones en un procedimiento y ya se haya llevado a cabo la tasación de costas, si los letrados de la Administración no expiden los mandamientos de pago a favor de estos individuos y además se da el caso de que no tiene solvencia para pagar "difícilmente los profesionales vamos a cobrar", lamenta. 

"Yo he hablado con varios compañeros que llevan tiempo sin cobrar por la huelga de los secretarios judiciales", manifiesta el abogado Manuel Novella. Aunque apunta que en su caso suele pedir una provisión de fondo, el resto lo suele cobrar de las costas que perciba su cliente si la sentencia es favorable en su caso.

Cabe recordar que las costas procesales son los gastos que deben cubrir los litigantes durante un proceso judicial, cuyo importe depende de la tasación que realiza el letrado de la Administración de Justicia basándose en facturas, partidas y minutas que se le hayan presentado. Estos costes deben correr a cargo de uno de los intervinientes en el proceso judicial y, a medida que se originan, pero el juez puede resolver una condena de costas por la que una de las partes deberá pagar a la otra los gastos, que incluyen los honorarios de los profesionales, entre otros.

Aunque muchos abogados pacten el cobro de los honorarios una vez que su cliente cobre las costas, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, señala que esta no debería ser la norma. "La regla es que el abogado hace un trabajo y tiene derecho a cobrarlo con independencia que el cliente vaya a cobrar costa o no, lo que implica que los abogados no debemos quedar a resulta de las costas", defiende.

Si bien, González destaca los numerosos perjuicios que están sufriendo desde que comenzó la huelga indefinida de los conocidos antiguamente como secretarios judiciales. Pese a que reconoce que ya muchos están avisando con anterioridad de la cancelación de juicios para evitar desplazamientos innecesarios, critica que "todavía hay juzgados que siguen sin llamar y se están produciendo disfunciones en algunos juicios, que se están celebrando sin asistencia del abogado porque ha recibido una comunicación informal o porque ha habido alguna confusión". 

Esperanzado en que la reunión de este viernes entre los letrados de la Administración y el Ministerio de Justicia sea fructífera, lleguen a algún acuerdo y se desconvoque la huelga, el decano de la Abogacía de Málaga lamenta el retraso de los procedimientos. "Cuando termine habrá que reorganizar agenda y colocar todo lo que no se ha celebrado, y eso impactará en la demora de los juzgados".

La abogada gijonesa que voló hasta Málaga para un juicio y, cuando llegó, se había suspendido

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, mostró este miércoles su deseo de que impere la "sensatez" y que se suspenda la huelga definitivamente de letrados judiciales, al remarcar que a quien está haciendo daño de verdad es los ciudadanos y a la propia imagen de la Justicia, pero también a los operadores jurídicos; abogados, jueces, fiscales o funcionarios, a los que se les está impidiendo desarrollar su derecho al trabajo. 

Asimismo, Rodríguez ha llamado la atención sobre que hay ciudadanos que no pueden celebrar vistas que tenían pendientes, que no logran su pensión de alimentos o que no se pueden casar. A ello ha sumado el daño que se está haciendo a los propios profesionales jurídicos, como puedan ser abogados y procuradores. Como ejemplo, ha puesto el de una abogada gijonesa que viajó en avión hasta Malága para un juicio y, cuando llegó, este se había suspendido la vista y nadie la había avisado. 

Asimismo, ha recalcado que en abril del año pasado el Ministerio había llegado a un acuerdo con los sindicatos, que no así con las asociaciones de letrados judiciales, en el que, de once reivindicaciones, se aceptaron diez, entre ellas que estos profesionales, "en mi opinión privilegiados" -ha remarcado-, cobren entre 40.000 y 60.0000 euros anuales, a lo que ha aludido al incremento salarial de un 14,5 por ciento.  

Además, por entradas a registros estos funcionarios cobraban 30 euros y ahora 110, y también ha habido incrementos retributivos en el Registro Civil. Con todo, ha considerado que se llegaron a unos acuerdos con los sindicatos que cree que eran importantes para estos profesionales. 

Sin embargo, ha apuntado que las asociaciones profesionales siguen manteniendo su propuesta de equiparación salarial, denominada cláusula de enganche, del 85 por ciento de lo que cobran los jueces y magistrados. "Eso, lamentablemente, no puede ser", ha sostenido Rodríguez, al justificar que son letrados judiciales y los otros jueces y magistrados.  

Ha incidido, ligado a ello, en que en esa reunión "maratoniana" les ofrecieron dos "contraofertas". La primera de ellas era suspender la huelga indefinida y, la segunda, estudiar la posibilidad de eliminar los grupos de población cinco y cuatro, que corresponde a los letrados que menos cobran, lo que implicaría aumentar los salarios para estos. Ha lamentado, en este caso, que la respuesta de los huelguistas fue también negativa, tras 15 horas de reunión y sin ningún tipo de acuerdo.