Abren juicio oral contra la ex alcaldesa de Estepona por la venta de unas parcelas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado la apertura de juicio oral contra la ex alcaldesa de la localidad Rosa Díaz y otras dos personas -una de ellas el ex tesorero municipal- por presuntas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales. Asimismo, archiva la causa respecto al ex regidor Antonio Barrientos.

La jueza dicta esta resolución después de que la Fiscalía presentara sus conclusiones provisionales, en las que se acusó a la ex alcaldesa y a otro de los imputados por un delito continuado de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, solicitando para cada uno la pena de tres años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años. Asimismo, el ministerio público acusó al que era tesorero, por su participación como liquidador, por un solo delito de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, por lo que se pidió dos años y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. También se instó a declarar la nulidad de la venta y que las fincas vuelvan a las entidades vendedoras.

En el auto dictado ahora, la jueza señala que de lo investigado "no aparece debidamente justificada" la participación de Barrientos en el delito de fraude por el que estaba imputado, por lo que se acuerda el sobreseimiento de las actuaciones en relación con el ex regidor, que fue quien denunció estos hechos ante el ministerio público en 2006 y luego en dos ocasiones más. Además, se determina que el juicio se celebre en un juzgado de lo Penal. El fiscal consideró en su escrito inicial que la que fuera alcaldesa y los otros dos acusados, éstos como liquidadores de dos entidades públicas, "se pusieron de acuerdo para beneficiar" a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas, para lo que "realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación", de forma que "infringieron de forma deliberada diversas normas".

Asimismo, el ministerio público sostiene que los procesados "se apartaron del interés público" de forma que adjudicaron las fincas "por un precio muy inferior a su valor de mercado, causando así un grave perjuicio a los intereses patrimoniales de las arcas municipales". Según el fiscal, en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal.