Las nueve personas acusadas de un delito de tráfico de drogas cuyo sumario fue robado de los Juzgados de Marbella junto a otros relacionados con el ex alcalde Jesús Gil y Gil han sido absueltos casi ocho años después al considerarse nulas las escuchas telefónicas en las que se sustentaba la investigación de la Guardia Civil. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que durante la reconstrucción del sumario no se han podido aportar los autos que autorizaban los pinchazos, por lo que la magistrada considera que se han podido lesionar sus derechos.

Según recoge el fallo, "el examen del procedimiento, desde su inicio, pone de manifiesto la imposibilidad del juzgador de controlar a posteriori, ni siquiera en lo más elemental, las resoluciones judiciales que se pudieran haber dictado, así como si las mismas se encontraban o no suficientemente motivadas".

Hay que recordar que para que el proceso pudiese seguir después del robo del sumario, los agentes tuvieron que reconstruirlo, aunque cuando se inició el juicio, los abogados defensores pidieron la nulidad de las escuchas al considerar que se vulneraban los derechos de sus patrocinados al no haberse incluido los correspondientes permisos judiciales.

La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga señala en la sentencia que desconoce "las razones expuestas por el grupo investigador al juzgado instructor, y lo que es más grave, se desconocen las razones y fundamentos de éste para autorizar la intervención [...] Ni siquiera puede el juzgador presumir que los autos de intervención telefónicas iniciales estuvieran fundamentados, pues es desolador comprobar el contenido de los autos de prórroga que dan inicio a los siguientes tomos del proceso".

El fallo continúa recordando que "no sólo no han sido superados los controles en clave constitucional -la magistrada considera que se ha quebrantado el derecho a la intimidad de los acusados- , sino que también se aprecia la inexistencia de otros requisitos de legalidad ordinaria". Por este motivo, se estima que las escuchas "quedarían viciadas ab initio y que les priva de cualquier eficacia de prueba de cargo", además de que anularía otras que se hubiesen derivado de las mismas.

La jueza justifica su decisión absolutoria en una vulneración de los derechos de los procesados y resalta que el propio jefe de la investigación "reconoció en el plenario que, después de obtener datos de las intervenciones, los cotejaban en la realidad con los seguimientos realizados por los agentes".

Los nueve imputados estaban acusados de un delito contra la salud pública por supuestamente participar en un alijo de hachís desembarcado en las playas marbellíes. Dos de ellos, además, fueron considerados presuntos autores de los delitos de receptación y falsedad de documentos.

El sumario del caso fue robado en 2001 y entonces Jesús Gil y Gil justificó la sustracción de las causas abiertas contra él a estas personas.