Aceptar el Metrobús hubiese obligado a volver a licitar el concurso del suburbano

Conocida la letra gruesa del informe jurídico con el que la Junta de Andalucía entierra definitivamente la propuesta del Ayuntamiento de Málaga de sustituir el Metro en superficie al Civil por el bautizado como Metrobús queda por desvelar la letra pequeña del informe jurídico emitido. El documento, de trece páginas de extensión y firmado por el letrado de la Junta de Andalucía José Ortiz Mallol no da pie a la interpretación. "La propuesta municipal de modificar la concesión vigente en los términos de la propuesta Metrobús no es conforme a Derecho", subraya el documento, al que tuvo acceso este periódico.

En esta misma línea, concluye que en el supuesto de que la Administración regional quisiera aceptar el modelo propuesto "habría de pasar por la previa resolución del contrato y su nueva licitación en tales términos". Es decir, debería anular el contrato actual de construcción y explotación del Metro, suscrito en el año 2004, y abrir un nuevo procedimiento de contratación que permitiese a las empresas optar a un medio de transporte que introdujese no solo el modelo ferroviario, sino también la mencionada conexión con el autobús municipal.

De la lectura del informe se evidencia el valor que el letrado otorga al informe emitido en su día por la Agencia de Obra Pública de Andalucía, que zanjaba el debate al considerar que la propuesta municipal "es una modificación del contrato que supondría, no un cambio de trazado, sino de prestación del servicio; éste quedaría afectado no solo en el modo de transporte (…) sino que supondría también la participación de un tercero en la prestación del servicio ajeno al contrato de concesión y que además sería impuesto al concesionario".

En su visión, de incorporarse la posibilidad de prestación del servicio del Metro mediante líneas de autobús "pudiera haber sido otras las empress y grupos licitadores provenientes de otros sectores económicos e industriales (…), esta situación abre la posibilidad de reclamación de terceros afectados por la variación de las condiciones esenciales de la licitación que hubieran podido acudir a una licitación con este tipo de explotación mixta".

Por el cotrario, el autor del documento destaca que el enfoque del infome emitido por el Ayuntamiento, "trata, desde el interés de la propia EMT, de argumentar la adecuación a Derecho de la fórmula denominada Metrobús y no de analizar de manera objetiva la incidencia de tal propuesta en el contrato existente a la vista de la normativa, jurisprudencia y doctrina". Por todo ello, Ortiz Mallol elude analizar el informe municipal "por ser su contenido extravagante a nuestro encargo".

Asimismo, apunta un "segundo obstáculo" a la propuesta municipal que "vulnera el principio de concurrencia": la adjudicación directa de la explotación del Metrobús a la EMT, que no forma parte de la concesión. Para el letrado, lo que se plantea desde el Ayuntamiento no es el diseño de una actuación coordinada entre ambas administraciones, "sino la modificación de la concesión de transporte de titularidad autonómica". "No encuentro razones de peso que venzan la idea de que la adjudicación directa a la EMT no queda justificada en términos del principio de concurrencia", añade.