Acuerdo para pedir una modificación de la regla del techo de gasto
Pleno de Diputación
La Diputación da luz verde a una variación presupuestaria de 11,3 millones, de los que 3,7 irán destinados al pago de parte de la deuda.
La Diputación de Málaga ha acordado por unanimidad pedir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que consensúe con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la administración local para atender la reivindicación de las corporaciones locales.
La moción, presentada inicialmente por el PSOE, se ha aprobado tras el acuerdo para incluir una enmienda al texto por parte del equipo de gobierno del PP, contando con el visto bueno del resto de fuerzas políticas de la institución (Ciudadanos, IU-Para la Gente y Málaga Ahora). Asimismo, han manifestado su oposición a la regla de gasto tal y como está regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones.
El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, sostiene en la moción que la regla de gasto obliga a determinadas administraciones a "no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener el dinero guardado en el banco o a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses", añadiendo que actualmente más del 80% de los ayuntamientos tienen superávit.
La portavoz popular, Francisca Caracuel, ya indicó que pedirán a través de la FEMP que el Gobierno central modifique esta regla de manera que "se haga sobre los presupuestos iniciales y no los definitivos", lo que daría "más margen". No obstante, recalcó que eran medidas impuestas por la Unión Europea "y adoptadas en un momento muy crítico pero que no tienen por qué ser inamovibles".
En la sesión de este mes de octubre también se aprobó, con el apoyo del PP y la abstención de Ciudadanos, una modificación presupuestaria de 11,3 millones de euros, de los que 3,7 millones irán al pago de forma anticipada de parte de la deuda que mantiene la institución. Caracuel defen dió la necesidad de ir reduciendo dicha deuda, de 221 millones en 2011 y de unos 40 millones en la actualidad; e insistió en que los bancos "no son nuestros amigos", reprochando a PSOE e IU que eran "clientes ideales" de las entidades financieras.
Ambas formaciones de izquierda se mostraron contrarias a una amortización anticipada de la deuda, incidiendo en que esa cantidad debería destinarse a necesidades de los municipios más pequeños y a familias con dificultades. En este sentido, demandaron un incremento del Fondo de Liquidez y del Plan de Asistencia y Cooperación. Asimismo, se debatió una moción socialista sobre el reparto de ayudas discrecionales durante 2016, que contócon 14 votos a favor y 16 en contra. La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, sostuvo que están en "total desacuerdo" con que se beneficie "a unos pocos ayuntamientos" mientras que el de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, criticó la "diferente vara de medir" del PSOE y ha tachado de "inaceptable" que "plantee el rechazo a todas las ayudas a los municipios. Muchos de sus alcaldes le censurarán".
El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, consideró el discurso de los socialistas "cansino, reiterativo y cargado de demagogia". En este punto, lamentó, al igual que Sichar, que Conejo "pida que se dediquen 300.000 euros a tres federaciones de peñas y no quiera ayudas directas a municipios". "Tiene que tener un mismo discurso", dijo Salado al portavoz del PSOE, y ha enumerado algunas ayudas directas a municipios gobernados por los socialistas como Archidona, Almogía, Carratraca, Alpandeire o Almáchar, entre otros: "tiene un discurso falso y demagógico". A pesar del debate generado en diversas proposiciones, el pleno de la Diputación estuvo marcado este miércoles por el consenso y el diálogo, tal y como remarcaron durante la sesión varios diputados y el propio presidente de la institución, Elías Bendodo, quien irononizó con el "espíritu de Ferraz", en referencia al acuerdo del Comité Federal del PSOE para abstenerse en segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
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