El caso Malaya es, por el momento, el mayor asunto relacionado con la corrupción política que llega a juicio y la prueba más significativa que deberá superar la Administración de Justicia para demostrar que el sistema es capaz para asumir, gestionar y juzgar un proceso de semejante envergadura. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que preside el magistrado José Godino, tiene previsto comenzar la vista oral el 27 de septiembre. A las 10 de la mañana, salvo sobresaltos de última hora, deberán comparecer 95 procesados, entre ellos el presunto urdidor de la trama Juan Antonio Roca y los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además de 19 promotores inmobiliarios, los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor y decenas de concejales de la etapa del GIL. Se enfrentan a más de 500 años de cárcel y multas que se aproximan a los 4.000 millones de euros, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción.

Más de 200.000 folios y cerca de 200 tomos componen la pieza principal del sumario, dos ejemplos tan menores como significativos para poner a prueba la capacidadde las partes: cerca de un centenar de abogados defensores y un fiscal Anticorrupción apoyado por un compañero.

El macrojuicio por el caso Malaya, además, desafiará la capacidad de gestión administrativa porque coincidirá en el tiempo con el asunto Ballena Blanca contra el lavado de capitales de origen presumiblemente ilícito y el caso Minutas, por supuestos pagos irregulares al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido.