Málaga

Alaya acusa al ex gerente del CIOMijas de ayudar a retener 2,2 millones

  • Habría destinado 750.000 euros a "conceptos que no pueden considerarse subvencionables"

La juez Mercedes Alaya acusa al que fuera director gerente del CIO Mijas desde 2003 a 2014, José Gutiérrez Muñoz, de haber "participado de la decisión" de retener parte de las tres subvenciones recibidas por el consorcio para cursos de formación entre 2008 y 2010. Durante los tres ejercicios, de los 8,6 millones de euros que llegaron al CIO, 2,2 se quedaron en el consorcio, a pesar de que era una unión temporal de empresas la que gestionaba los cursos. Una decisión que corresponde al presidente del Consejo Rector del Consorcio y de la que habría participado el entonces director gerente. Desglosados los tres ejercicios, se habría retenido el 28,79% del montante total recibido en 2008, un 22,59% de 2009 y 27,27% en el año 2010, según la juez.

A esta cantidad le suma otros 900.000 euros, que es la cantidad que la unión temporal de empresas que gestionaba los cursos debía abonar en concepto de canon -300.000 por cada uno de los ejercicios-, que procedían del importe total de las ayudas recibidas y que se destinaban a acondicionar las instalaciones donde se iban a impartir los cursos. De forma que "el importe total que se minoraba sobre el global de la subvención ascendía a 3.192.855 euros", consta en las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Quien atendía los gastos y pagos del consorcio era el director gerente y como tal habría destinado algo más de 750.000 euros a "conceptos muy dispares que no pueden considerarse nunca como subvencionables, tales como gastos protocolarios, gastos de dietas y locomoción, seguros de prevención y vigilancia de la salud , o becas Leonado que eran financiadas con fondos comunitarios".

La magistrada le imputa al ex director gerente del CIO Mijas un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, así como fraude de subvenciones. Tras su declaración ante la juez el pasado 25 de marzo en Sevilla, Gutiérrez quedó en libertad provisional sin fianza.

De los 8,6 millones recibidos por el consorcio para formación -del Fondo Social Europeo, de Fondos de Desarrollo Regional y de fondos propios del Servicio Andaluz de Empleo- únicamente se justificaron 1,2 millones. De hecho sobre estos tres ejercicios hay iniciados expedientes de reintegro por parte de la Junta de Andalucía.

Al margen de los 2,2 millones que habría retenido el consorcio, 6,4 millones fueron manejados por la unión temporal de empresas conformada por Asesoramiento Empresarial SLU y Residencial Torrealmádena SA, que gestionaba los cursos de formación en el centro. Sobre esta suma el informe remitido a la juez Alaya por los investigadores destaca: "La UTE ha dispuesto de las cantidades que le traspasaba el consorcio sin tener en cuenta las limitaciones de uso, justificación y control", al tratarse de una subvención. Además, pone de manifiesto que se realizaron "multitud de gastos" que se intentaron "justificar con facturas que no permiten comprobar, ni siquiera mínimamente, la correspondencia de los gastos justificados con las acciones" para las que estaban previstos. Es en esas partidas donde vuelven a aparecer los 300.000 euros anuales para "instalaciones y aulas", el "canon que debe abonar al consorcio", pero que utiliza para adecuar el centro formativo, aunque sean fondos para formar. Estas cantidades, señalan en el informe, "han sido declaradas en los expedientes de reintegro como gastos no subvencionables".

En la investigación sobre los cursos de formación se destaca que el ex director general de Formación Carlos Cañavate de León destacó que una de las "bolsas de fraude que pudiera haber en la formación estaba en la subcontratación", algo que se produce en el CIO Mijas y el también malagueño Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman), que también está siendo investigado en esta misma causa, pero sobre el que todavía no han trascendido detalles. Además la Guardia Civil específica que no se descarta incluir en la investigación nuevos consorcios.

Tres subvenciones para un mismo estudio sobre empleo y turismo

Entre las irregularidades detectadas en el CIOMijas hay más de 300.000 euros destinados al Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía. El informe de la Guardia Civil remitido a la juez Alaya subraya que se derivó este dinero inicialmente previsto para formación “sin que exista relación jurídico administrativa entre el consorcio y este órgano de concertación social, por lo que cualquier cantidad traspasada (...) es considerada como no gasto subvencionable”. El observatorio era un órgano de concertación social, con sede en las instalaciones del consorcio, y cuya finalidad era realizar estudios relacionados con el turismo. En los expedientes de reintegro, los investigadores observan que no hay relación entre la cantidad subvencionada y la recibida, pero es que además en 2009 se detecta un estudio sobre empleo y turismo, en teoría realizado por el observatorio, que también fue imputado a la subvención de un año antes y que además había servido para justificar otra ayuda en la Consejería de Turismo. Y lo más curioso es que el estudio ni siquiera lo realizó el observatorio, sino que fue subcontratado a la empresa dependiente de la Diputación Sopde. El consorcio, consta en el informe, realizó la devolución de unos de los importes.


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