Anticorrupción acusa a Del Valle de 158 delitos y le pide 15 años de cárcel

Tres años y medio después de las primeras detenciones, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a 21 personas de 10 nacionalidades diferentes en el caso Ballena Blanca, la mayor trama de blanqueo de capitales destapada en España, con epicentro en la Costa del Sol. El principal acusado es el abogado de origen chileno Fernando del Valle, que está acusado de 158 delitos: 13 continuados de blanqueo de capitales; 141 de falsedad documental de carácter continuado; tres contra la Hacienda Pública; y uno contra la Administración de Justicia (falso testimonio). El abogado, considerado el urdidor de la red societaria con la que supuestamente se lavaron 12 millones de euros de procedencia ilícita, se enfrenta a un total de 15 años de cárcel.

El fiscal Juan Carlos López Caballero depositó ayer el escrito de acusación provisional, de 208 páginas, en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, encargado de la investigación. La operación la puso en marcha en marzo de 2005 el juez Miguel Ángel Torres y ahora está en manos del magistrado Óscar Pérez, encargado también del sumario del caso Malaya.

Del Valle tiene 60 años y estuvo en prisión preventiva tras su detención durante seis meses. Entre los imputados hay dos notarios (Álvaro Eugenio Rodríguez Espinosa y María Amelia Bergillos Moretón) y dos empleadas del bufete de abogados: Beatriz Segurado Bermejo y Estela Elena Herrera, también acusadas de los 13 delitos continuados de blanqueo. Segurado está imputada, además, por los delitos de falsedad documental y Herrera, por uno contra la Administración de Justicia. Se enfrentan, respectivamente, a una petición de pena de tres y cuatro años de cárcel.

En total, la Fiscalía pide 65 años de prisión para los 21 imputados y multas que superan los 84 millones de euros. Sólo para Del Valle, Anticorrupción reclama el pago de 36 millones de euros por los delitos de blanqueo. Además, el abogado, según la Fiscalía, debe indemnizar a la Hacienda Pública con 610.846,02 euros (más intereses), dinero presuntamente defraudado entre 2002 y 2004 por un patrimonio presuntamente no declarado de algo más de 1,3 millones de euros.

Según la calificación, firmada por el fiscal López Caballero el pasado 4 de septiembre, los fondos blanqueados a través de la maraña de sociedades ideada por Del Valle procedían en muchos casos de actividades ilícitas de toda índole, a veces relacionadas con grupos del crimen organizado: tráfico de drogas, prostitución, secuestro, delitos contables y fraude fiscal... Una de las imputadas, supuestamente, está vinculada a un miembro de la mafia rusa Tambov, de San Petersburgo.

La investigación ha revelado la participación de Del Valle en 194 sociedades extranjeras, 143 de ellas con sede en el estado norteamericano de Delaware. Otras 39 estaban radicadas en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá o Islas Vírgenes Británicas. Según el escrito fiscal, el número de sociedades gestionadas por el abogado o su despacho se eleva a 523.

¿Qué ofrecía Del Valle? El "producto estrella" eran las corporaciones de Delaware, que aseguran "el anonimato" de los inversores. Se creaba una sociedad cuyos socios eran una persona jurídica extranjera (la sociedad del Estado americano), con el 99% de las participaciones, y una persona física española, "casi siempre" Estela Elena Herrera, persona "de confianza" del abogado. Las inversiones en España de los fondos ilícitos se canalizaban a través de esta trama societaria.