Anticorrupción tasa en 200 millones la fortuna que Roca amasó en Marbella

Juan Antonio Roca, el todopoderoso hombre del gilismo marbellí que supuestamente dirigía la trastienda oscura de aquel régimen, gastó más de 200 millones de euros en fincas, inmuebles, joyas, cuadros y otros objetos suntuosos desde que a mediados de los 90 Jesús Gil le llevara a Marbella con una mano delante y otra detrás hasta su detención en marzo de 2006. La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer el escrito de calificación a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que juzgará a los 95 procesados en el caso Malaya contra la corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Marbella.

Anticorrupción pide para el conjunto de los 95 acusados 512 años de cárcel y multas por valor de 3.887 millones de euros y exige para el principal acusado 30 años de prisión, 810 millones de multa y 59 años de inhabilitación por los delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y fraude.

La Fiscalía detalla que los ingresos familiares declarados de la familia Roca entre 1997 y 2004 apenas si alcanzaron los 800.000 euros y los rendimientos atribuibles a su capital sumaron en conjunto 5.900 euros. Frente a estos discretísimos recursos legales, Anticorrupción sostiene que el presunto cerebro de Malaya creó un imperio oculto bajo una trama de sociedades alimentada por los sobornos que pagaban los promotores inmobiliarios y por negocios urbanísticos al margen de la ley que tenían como principal perjudicado a Marbella y su patrimonio municipal.

Tan sólo en fincas y patrimonio inmobiliario Juan Antonio Roca destinó 136 millones de euros en este periodo, de acuerdo con los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción que figuran en el escrito de acusación del caso Malaya.

A esta cantidad se suman los más de 600.000 euros empleados en su yeguada y en la compra de reses bravas para sus fincas, entre las que destacan La Morisca, de 130 hectáreas en Jimena de La Frontera (Cádiz), La Caridad, de San Pedro Alcántara, y La Loma, en Murcia. A medida que el imperio patrimonial de Roca crecía, también lo hacían sus gustos y lujos. En 2004 pagó 2,7 millones por el yate de recreo Thoroughbred. Hacía sólo unas semanas que se había hecho con una avioneta Cessna por la que había entregado 1,2 millones y, además, contaba con un helicóptero tasado en otro millón de euros. El parque de vehículos del presunto cerebro del caso Malaya ha sido valorado en 300.000 euros. Un punto y aparte fue su gusto por los carruajes en los que supuestamente llegó a invertir 3,5 millones de euros y, por supuesto, el arte. Su colección de cuadros, joyas, relojes y otros objetos suntuarios se calcula que costó 27,6 millones.

Además, se estima en 6,2 millones el capital que destinó a equipar sus diferentes posesiones inmobiliarias, además de otros 24,8 millones de euros invertidos en Murcia y Cádiz. Pero Roca nunca aparecía como titular de todo este patrimonio. Incluso se da la circunstancia de que la vivienda familiar de Marbella era alquilada y pagaba por ella 1.200 euros mensuales desde 1993, "un gasto totalmente innecesario en la medida que el dueño de esos inmuebles es el propio Juan Antonio Roca" oculto bajo las entidades Marcadius Investments Limited y Blue Begonia Limited, según el fiscal.

Anticorrupción afirma en su escrito de acusación que este capital lo obtuvo ilícitamente gracias a su "poder" en el Ayuntamiento de Marbella y a los negocios que promovía con el fruto de las comisiones que presumiblemente pagaban los empresarios. Para ocultarlo creó una organización de la que eran figuras claves los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita y el letrado Juan Germán Hoffmann, así como un nutrido grupo de empresarios-testaferros que se prestaban a aparecer como los propietarios formales de sociedades, bienes y negocios. Esta organización también se encargaba de su defensa jurídica, contaba con un núcleo contable y una división de seguridad encargada de evitar que nadie sin invitación se pudiera acercar a Juan Antonio Roca o a sus bienes.

Roca escondió su imperio, siguiendo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, detrás de 71 sociedades. Entre 1994 y 2005 las cuentas de esas entidades recibieron aportaciones de dinero en metálico que superaban los 25,5 millones de euros. Además, el Ministerio Público precisa que "se reciclaron" 14,2 millones de euros en seis años haciéndolos circular entre las sociedades como si se tratara de préstamos.

A través del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita presumiblemente se "reciclaron" otros 39,7 millones y se gestionaron y administraron inversiones y propiedades por valor de 150 millones de euros. Durante este periodo, Anticorrupción estima que el presunto cerebro del caso Malaya blanqueó 240 millones de euros.

Esta ingente fortuna tiene dos orígenes: las comisiones ilegales y los negocios realizados al calor del poder que Juan Antonio Roca tenía en el Ayuntamiento de Marbella. Para que ambas fuentes de alimentación fuesen posibles era necesario que el equipo de gobierno y determinados funcionarios aceptaran y callaran. Ahí está precisamente la tercera clave del caso Malaya: la corrupción política. Anticorrupción estima en 33,3 millones los sobornos que Juan Antonio Roca recibió entre 2001 y 2006, fundamentalmente de promotores inmobiliarios que lograron jugosos negocios por acción u omisión del equipo de Gobierno. Unas veces se les permitió hacerse con aprovechamientos urbanísticos, o sea, con patrimonio municipal, otras se aumentó la edificabilidad de sus fincas o se les dio una licencia donde no correspondía, y otras veces se vieron favorecidos con el simple silencio municipal.

Anticorrupción estima en 6,8 millones de euros el montante que pagaron Carlos Sánchez y Andrés Liétor, empresarios de confianza de Juan Antonio Roca y con quienes solía cerrar pingües tratos. Apunta que el promotor granadino José Ávila Rojas pagó otros 4,6 millones y Jesús Ruiz, como presidente del grupo malagueño Aifos, 4,6 millones.

En conjunto los sobornos se elevaron a 33,3 millones de euros, de los que Roca supuestamente sólo tuvo que desprenderse de 5,2 para corromper a los concejales del equipo de gobierno y a funcionarios esenciales para que no se abriera la caja de los truenos como el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes.

La ex alcaldesa Marisol Yagüe fue presumiblemente la más beneficiada de los sobres que Roca hacía llegar a los ediles para que se avinieran a adoptar determinadas decisiones municipales. Desde que Yagüe llegó a la Alcaldía mediante una moción de censura que desalojó del poder a Julián Muñoz hasta su detención, presumiblemente recibió 1,8 millones de euros de Juan Antonio Roca, además de hacerse cargo de la compra de un piso en Madrid valorado en 438.000 euros y dos operaciones de estética.

El segundo lugar del ranking de supuestos sobornos lo ocupa Isabel García Marcos, la concejal socialista que fue azote del gilismo hasta que decidió tirar la toalla y cruzar la línea. Anticorrupción afirma que en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que centralizaba gran parte de la contabilidad de Roca, se hallaron anotaciones que hacen presumir la entrega de 312.000 euros en efectivo. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que en el registro domiciliario que llevó a cabo la Policía en el domicilio de García Marcos se encontraron 376.000 euros en efectivo, distribuidos en sobres que se presumen que procedían de las comisiones ilegales.

El ex alcalde Julián Muñoz, que llegó a la Alcaldía en 2002 para sustituir a Jesús Gil y permaneció hasta que osó destituir a Juan Antonio Roca e inmediatamente fue descabalgado del poder mediante la moción de censura de 2003, también cobró supuestas comisiones por importe de 162.000 euros.

5,2

33,3