Anticorrupción retira la acusación a nueve procesados de segunda fila
La hija de Roca y cinco empleados de sus negocios quedan libres de cargos · La defensa impugna la principal prueba


El juicio por el caso Malaya sigue el lunes próximos con la exposición de los informes finales con 86 acusados en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción retiró ayer los cargos contra nueve procesados, entre los que figuran María Roca, hija del ex asesor de urbanismo de Marbella .
María Roca había sido acusada de blanqueo de capitales y se enfrentaba a dos años de cárcel y 160.000 euros de multa por blanqueo de capitales a través del cobro de boletos de lotería premiados. El fiscal levantó ayer la acusación contra ella al entender que no está probado que conociera el origen ilícito de los fondos blanqueados. Por el mismo motivo también retiró los cargos contra Karin Matson, empleada de una de sus sociedades en Murcia. Otros cuatro trabajadores de Juan Antonio Roca han abandonado también el banquillo, entre ellos el informático de Maras Asesores, Sergio Santana, la veterinaria de las ganaderías de Roca, Hildegart Fernández, la secretaria de Montserrat Corulla en el negocio hotelero de Madrid, Úrsula Quinzano, y José María Romero, trabajador del hotel La Malvasía, en El Rocío.
Anticorrupción también ha retirado los cargos contra el ex concejal de Marbella Miguel Jiménez Guerra y los empresarios Carlos García Puente y Javier Pérez Villena.
Además, el Ministerio Público deja fuera del delito de blanqueo los bienes comprados por Roca antes de 1996 (fecha en la que se tipificó como delito el lavado de capitales procedentes del cohecho). Esta decisión implica que la vivienda de la familia Roca en el centro de Marbella, así como dos plazas de aparcamiento y un local queden fuera del comiso por este concepto, aunque la Fiscalía entiende que deben permanecer intervenidos para hacer frente a las multas e indemnizaciones que el tribunal pueda fijar para Juan Antonio Roca.
Por otra parte, la defensa impugnó ayer los registros que se efectuaron en las propiedades del ex asesor de urbanismo al ser detenido en marzo de 2006, así como los documentos intervenidos en Maras Asesores y que se han convertido en una pieza fundamental para sostener la acusación. Se da la particularidad de que han sido impugnados pese a que Roca los ha validado durante el juicio, al admitir que estos archivos, unos en papel y otros en formato digital, dan cuenta de sus entradas y salidas de dinero
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