Archivada la denuncia que pesaba sobre Cortijo Jurado

La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación que abrió a raíz de la denuncia del concejal de IU Antonio Serrano sobre el posible trato a favor del Ayuntamiento a la empresa que pretende edificar un complejo hotelero en el Cortijo Jurado, en Campanillas. El ministerio público considera, según el escrito al que ha tenido acceso Efe, que "no existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias", denunciados por dicho concejal.

Respecto a la denuncia de trato a favor y tráfico de influencias a favor de la empresa Mirador, el ministerio público considera que el denunciante "no aporta dato alguno que permita siquiera intuir" que autoridad, funcionario o particular alguna influyera o tratase de influir en quien dicta las resoluciones referidas. El escrito añade que "sólo" se alude a la precaria situación económica de la empresa, lo que "no es suficiente" para deducir la comisión de los delitos de prevaricación y trafico de influencias.

Serrano denunció que durante una sesión plenaria en 2002 se aprobó un convenio urbanístico mediante el cual la empresa Mirador pretendía la definitiva recuperación del Cortijo Jurado para uso colectivo y ubicar en él actividades compatibles con el uso hotelero, dando respuesta al resto de necesidades sociales de Campanillas en el Pabellón Cultural Mirador. El Consistorio firmó con la empresa otro convenio mediante el cual se construirían un Pabellón Cultural y un Aula de Cultura permanente para la celebración en la misma de cualquier acto de tipo Socio-Cultural y de carácter público.

En mayo de 2003 se concedió la licencia de obras de referencia para la construcción del mencionado complejo hotelero en el Cortijo Jurado con lo que se decide que la empresa dará una prestación compensatoria en una cuantía del diez por ciento de la inversión total a realizar para la implantación efectiva de la actividad, cuya inversión prevista superaba los 1.500 millones de pesetas.

Sin embargo, en octubre de ese año se estimó el recurso de reposición interpuesto por Mirador contra el acuerdo por el cual se le eximía de dicho pago, que sería de unos 150 millones de pesetas. Tras el retraso en el comienzo y posterior ejecución de las obras IU informó al Ayuntamiento de que la licencia había caducado al amparo de la LOUA y más tarde se desveló que el Registro de la Propiedad había revelado tres embargos del Consistorio por impago de impuesto de transmisiones por un valor aproximado de 365.305 euros.