Nuevo golpe al fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya. Un total de 16 personas han sido detenidas en las ocho provincias andaluzas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva operación conocida como Barrado. En el caso de Málaga, han sido arrestadas tres personas, entre ellas, el ex delegado provincial de Empleo Juan Carlos Lomeña, que, según pudo saber este periódico, fue advertido en su domicilio por varios efectivos de que debía acudir al cuartel para prestar declaración por los hechos que están siendo investigados. Los detenidos podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, detallaron desde el Instituto Armado.

La Guardia Civil también arrestó al ex director gerente, J. G., y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Cio Mijas), M. U. Ayer, desde primera hora de la mañana, los agentes acudieron al centro para registrar las instalaciones a fin de poder recabar documentación. 

Hasta cinco furgones se desplazaron hasta el lugar en una operación que se prolongó durante varias horas. Según fuentes de la Benemérita, en el interior del edificio se encontraba uno de los tres detenidos en la provincia durante el registro, quien no opuso resistencia y se ofreció a cooperar con los efectivos. No fue hasta pasadas las 12:30 cuando varios agentes intervinieron varias cajas con documentación y material electrónico para ser investigado. 

El Cio Mijas, que ya no tiene actividad formativa, recibía una subvención anual de 2,1 millones de euros para el funcionamiento, donde se incluían cursos de verano. Fuentes del consejo de administración recalcaron que siempre se impartieron sesiones, entre otras de jardinería para cuidar campos de golf y hasta de gobernanta de hotel. Todos los cursos estaban relacionados con actividades turísticas, indicaron las fuentes, que negaron que hubiera alumnos fantasmas y añadieron que se aportaba un diploma tras finalizar. Asimismo, destacaron que la Cámara de Cuentas nunca encontró ninguna ilegalidad.

Fuentes de la Junta de Andalucía indicaron que ayer nadie se había puesto en contacto con ellos para solicitar información sobre el asunto. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en  Málaga, Jorge Hernández Mollar, afirmó que han sido agentes de la UCO desplazados desde Madrid los que están llevando a cabo el operativo bajo la dirección de la jueza Alaya.

Desde la Guardia Civil señalaron que, en el desarrollo de esta operación, se procederá a las imputaciones de otras personas vinculadas a la gestión de estos fondos de formación y que los arrestados pasarán a disposición judicial una vez se practiquen las diligencias policiales pertinentes. 

La operación se desarrolla de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas y se centra en los servicios centrales de la Administración desde los que se concedían las subvenciones, según fuentes de la investigación. Alaya mantiene desde el pasado 20 de enero el secreto parcial de la causa de los cursos de formación, en la que ha abierto cuatro líneas de investigación, una de ellas sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La jueza constató "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación, una de ellas relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro y que según la instructora se convirtió en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". La "única fuente de financiación" de la Faffe, explicó entonces Alaya, eran las subvenciones otorgadas por el SAE, al tiempo que advirtió de las "graves irregularidades" que presentaban en cuanto a su justificación.

El pasado mes de febrero, se produjeron catorce detenciones en la llamada Operación Edu Costa en Málaga, Cádiz y Almería.