Aspirantes a bomberos ven trato de favor al hijo de un alto mando policial
Visto para sentencia el segundo de los contenciosos contra el Ayuntamiento, en los que denuncian la valoración del último examen
El segundo de los nueve contenciosos por las presuntas irregularidades en las últimas oposiciones a bombero de la capital puso ayer sobre la mesa los nombres y apellidos de los aspirantes que presuntamente habrían salido beneficiados de la forma de proceder del tribunal a la hora de calificar los exámenes. El abogado de ocho de los nueve opositores sin plaza que han demandado al Ayuntamiento, José Verdugo, le explicó a la juez que con un reparto de la puntuación proporcionado en el último de los tres ejercicios de acceso al Cuerpo -que es precisamente lo que solicitan-, tres de los aspirantes que ahora forman parte del mismo, no habrían conseguido plaza.
La apreciación la realizó el letrado en base a la primera sentencia que ya le ha dado la razón a uno de los aspirantes. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga condenó el pasado febrero al Ayuntamiento a volver a calificar el tercer examen con un reparto de puntuación proporcionado. El magistrado consideró en su pronunciamiento que el tribunal de las oposiciones "no estaba autorizado" para fijar los criterios de valoración después de celebrado el ejercicio. La sentencia, sin embargo, ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Teniendo en cuenta el reparto de puntos que estableció el tribunal en primera instancia, el letrado del demandante aseguró que todos los bomberos que actualmente ejercen en los parques de la capital tendrían una nota incluso mayor a la que consiguieron, a excepción de tres casos concretos, a los que identificó con nombres y apellidos.
Se da la circunstancia de que uno de estos tres es hijo del director de la Escuela de Seguridad Pública (Espam) del Ayuntamiento de Málaga, Pascual Sánchez-Bayton, ex jefe de la Policía Local. Este periódico contactó ayer con el director de la Espam, por si estimaba oportuno hacer alguna declaración o apreciación al respecto. Sánchez-Bayton descolgó el teléfono y se le explicó que el nombre de su hijo había salido en la celebración de un juicio como uno de los tres aspirantes a bombero presuntamente beneficiados con el reparto de puntuación realizado por el tribunal opositor en el último de los exámenes de las oposiciones. Una vez expuesto el motivo de la llamada, sin mediar palabra, colgó el teléfono. El de ayer fue el segundo intento en los últimos meses de hablar con este mando policial, pero en las dos ocasiones la reacción fue la misma.
A la magistrada de lo Contencioso-Administrativo número 2, el abogado del demandante, le solicitó que se pronuncie en los mismos términos que el tribunal vecino y condene al Ayuntamiento a evaluar de nuevo la última prueba -un supuesto práctico-teórico- "conforme a criterios de igualdad", con el objetivo de que den las "garantías para que los opositores luchen con igualdad por la plaza". "Es de sentido común que el reparto de puntuación ha de facilitarse antes del examen", apuntó el letrado, para añadir que "preguntas absolutamente absurdas se puntuaron igual que las más complejas".
El Ayuntamiento, a través de su abogada, volvió a insistir, al igual que hizo en la vista oral anterior, en que el tribunal opositor no estaba "en ningún momento obligado a informar con anterioridad del reparto de la puntuación", que además, se realizó en función de la complejidad y manteniendo en todo momento el anonimato de los aspirantes. La letrada aclaró que el tribunal está formado por personal técnico y que "el interés público que le mueve" es el de conseguir a los mejores.
Los bomberos exigen que vayan a la vía penal
Los bomberos con plaza están personados en las diferentes causas, por lo que ayer, ante la identificación de los presuntamente beneficiados, su abogado les solicitó que en lugar de sembrar dudas sobre tratos de favor inicien acciones penales. “Solo se siembran dudas, nada se demuestra”, insistió el letrado, que centró su defensa en que el tribunal de las oposiciones tenía plena capacidad y autoridad para establecer los criterios de puntuación una vez realizado el ejercicio.
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