La Audiencia rechaza nulidad de la sentencia contra Lucena, que interpondrá un recurso de amparo

La Audiencia de Málaga ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la defensa del alcalde de Benamocarra y diputado, Abdeslam Lucena, contra la sentencia que lo condenó por los delitos de injurias, calumnias y desobediencia. Por su parte, el regidor ha anunciado que va a interponer un recurso de amparo con petición de medida cautelar para suspender la ejecución de la resolución.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga confirmó la condena dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por la que se le impuso a Lucena una multa de 3.300 euros por un delito de injurias, de 6.300 euros por otro de calumnias y se le condenó a seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante ese tiempo por el de desobediencia, absolviéndole del delito de malversación.

Contra esta sentencia, la defensa de Lucena presentó varios escritos, en primero un incidente de recusación del Tribunal, que fue desestimado; y, con posterioridad, este incidente de nulidad de la sentencia por la decisión de resolver el recurso de apelación sin haber dado la oportunidad de recusar al Tribunal, alegando, igualmente, que se había causado indefensión al no haberse celebrado una vista para resolver dicho recurso.

La Sala desestima en un auto estas argumentaciones, al considerar que no se enmarcan en ninguno de los casos señalados por la ley y que no ha habido indefensión, ya que no se impidió la recusación de los miembros del Tribunal, además de que era "públicamente conocido" por esa representación "de antemano" qué magistrados formaban parte del mismo.

"Lo solicitado y planteado a través de este incidente obedece más bien a una disconformidad con la decisión adoptada por la sentencia de este Tribunal cuya nulidad se pretende", señala la Sala en su resolución, en la que se recuerda que también se desestimó la recusación de una de las magistradas en concreto, algo que en su día fue incluso rechazado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a donde se interpuso una queja.

Por su parte, el alcalde de Benamocarra, que fue en la lista del PP en las últimas elecciones, ha asegurado que "a pesar de que quedan dos recursos de súplica pendientes por resolver", su intención es interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con petición de medida cautelar para suspender la ejecución de la sentencia.

Así, Lucena ha considerado la situación jurídica que está viviendo "como surrealista". "Con lo fácil que es dar una imagen de la justicia imparcial, objetiva e independiente y permitirme la posibilidad de recusar a una magistrada que ha ocupado un cargo público en la administración socialista durante ocho años y que ha coincidido durante ese tiempo con el principal denunciante de mi causa -exdelegado de Educación con el PSOE-", ha apuntado.

"Ojalá en los casos de corrupción se dieran tanta prisa como se están dando en mi proceso para imposibilitarme concurrir a las elecciones por unas presuntas injurias. Posiblemente se recuperaría gran cantidad del dinero defraudado en este país", ha declarado el también diputado, que tras la confirmarse la condena, anunció que renunciaba a sus cargos en la Diputación y pasaba al grupo de no adscritos.

El regidor ha añadido que "lo más injusto de esta situación es que pese a la advertencia expresa de la nulidad por parte del ministerio fiscal" la Audiencia "haga caso omiso y confirme una resolución que de antemano le va a revocar el Tribunal Constitucional", haciendo referencia a una sentencia de 13 de octubre, "donde en un caso exactamente igual al mío el Constitucional declaró la nulidad de todo lo practicado anulando el fallo de una sección de la Audiencia Provincial de Málaga".

"Voy a seguir peleando hasta el final y llegará un momento en que cuando se aclare la situación jurídica pediré responsabilidades. Soy alcalde de un pequeño pueblo y no soy tan importante para que actúen de esta forma, vulnerando presuntamente mis derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías jurisdiccionales", ha concluido.