Auditores de la Cámara apuntan anomalías en las cuentas de 2008

Hispacontrol, que finalmente no elevó informe definitivo de auditoría, precisa que vieron pagos sin una justificación apropiada a la CEM y a las empresas Biznaga y Aselex

Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de Comercio, en una imagen de archivo.
Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de Comercio, en una imagen de archivo.
Encarna Maldonado / Málaga

05 de mayo 2011 - 01:00

Las espumas generadas por los lodos batidos de la Cámara de Comercio de Málaga salieron otra vez ayer a la superficie en el juicio que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga que enfrenta a la institución cameral con el equipo de auditores que hizo el primer análisis de las cuentas de 2008, aunque finalmente no elevó a definitivo su informe de auditoría entre otros motivos por las diferencias surgidas entre las partes.

Los auditores de Hispacontrol reclaman a la Cámara más de 16.000 euros al considerar que las 100 horas inicialmente contratadas por unos 7.000 euros se duplicaron con creces entre otros motivos por las dificultades que hallaron para acceder a la documentación una vez que detectaron supuestas irregularidades contables. La entidad, sin embargo, rechaza este argumento al entender injustificado el aumento del precio. Pese a las insistencias de la magistrada para acotar la discusión a los elementos relacionados con la reclamación económica, la parte demandante subrayó con detenimiento las supuestas anomalías para tratar de hacer ver que ahí está la clave de por qué el trabajo duró más de lo previsto y por qué el informe nunca llegó a ser definitivo.

Hispacontrol apuntó a una partida de 360.000 euros que en 2008 la Cámara de Comercio pagó a la Confederación de Empresarios de Málaga en concepto de alquileres de locales y cursos de formación que, desde su punto de vista, no fueron justificados documentalmente, puesto que sólo aparecieron cargos relacionados con el alquiler de vehículos, gastos en comidas o el envío de flores.

Después agregó que figuraba otra partida de 69.000 euros para el Consorcio La Biznaga para realizar unos informes sobre turismo exterior que le presentaron sin firma ni sello y que en gran medida correspondían a otros realizados por el Instituto Español de Crédito Exterior (ICEX) años antes que figuraban colgados en Internet.

El tercer punto resaltado por la parte actora fueron otros 256.000 euros pagados a la empresa Aselex que, desde su punto de vista, tampoco resultaron claros a aquellos auditores.

A lo largo de la mañana de ayer declararon, entre otros, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, que defendió la gestión de la institución en estos tres puntos aludiendo a las diferencias que en aquel momento surgieron con los auditores de Hispacontrol al confundir subvenciones con convenios, en el caso de los pagos a la CEM. También se quejó de que no hubieran tenido en cuenta gastos de protocolo en este caso o los 12 puntos de información cameral distribuidos por la provincia gracias al acuerdo con la organización empresarial.

Respecto al informe de turismo exterior por el que la Cámara pagó 69.000 euros aludió al desconocimiento de los auditores porque un estudio de estas características, según su punto de vista, es lógico que incluya literatura e información aportada por otras fuentes.

También declaró en calidad de testigo el que fuera gerente de la Cámara de Comercio hasta febrero de este año, Andrés García Martínez, finalmente despedido a propuesta del presidente por desavenencias. Este testigo confirmó que Hispacontrol fue contratada para auditar las cuentas de la Cámara de Comercio correspondientes al ejercicio de 2008 a instancia suya, a pesar de que es una materia exclusiva del comité ejecutivo, razón por la que admitió que fue una decisión precipitada y equivocada.

García Martínez también destacó que los auditores presentaron un borrador "con muchas imprecisiones" que no fue de su "agrado" porque "vertía cosas inciertas" y se empeñaban en revisar partidas correspondientes a proyectos europeos que ya habían sido debidamente auditadas por organismos nacionales y comunitarios.

Hispacontrol fue seleccionada para realizar la auditoría en marzo de 2009, aunque en mayo de ese año la entidad decidió no ratificar su nombramiento y prescindir de unos servicios cuyos honorarios son ahora objeto de discusión judicial.

Posteriormente se vivió un hecho cuando menos inédito: la Cámara contrató a otro auditor que finalmente realizó el informe que fue remitido a la Junta que lo aceptó sin ningún reparo, mientras que un tercer auditor fue también contratado en este último caso para que se encargara de analizar el trabajo de Hispacontrol.

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