Málaga

Ávila Rojas asegura que vendió garajes sin saber que estaban embargados

  • La Fiscalía pide la absolución del promotor granadino porque no se puede presumir el dolo o la intencionalidad criminal

Cincuenta y nueve particulares compraron entre diciembre de 1998 y 2001 garajes y trasteros en el conjunto San Marino, en San Pedro Alcántara. Entregaron en torno a 6.000 euros por plaza de aparcamiento y 1.800 euros por cada cuarto de almacenaje. Sin embargo, cuando pretendieron escriturar estos bienes se dieron cuenta de que habían sido embargados por Hacienda y que el promotor, José Ávila Rojas, no les había informado de este extremo.

El promotor granadino indicó ayer ante el tribunal del Juzgado de lo Penal número 6 que le juzga por presunta estafa que el embargo fue "sorpresivo", porque a finales de 1998 negociaba con la Agencia Tributaria un aplazamiento de la deuda, avalado con garantías patrimoniales. Además, aseguró que no tuvo conocimiento inmediato de que los bienes se habían trabado, o sea retenido para responder por la deuda tributaria que superaba los 3 millones de euros. De acuerdo con su versión no supo del embargo hasta mucho después, porque el empleado que recibió la notificación la dejó sobre una mesa en las oficinas de la empresa y supuestamente se traspapeló.

La defensa de Ávila Rojas subrayó que los afectados siempre han tenido a su disposición de los aparcamientos y garajes, a pesar del embargo, y que de hecho desde que éste se levantó, en 2006, no han expresado ningún interés en elevar a públicas las escrituras. La Fiscalía reclamó la absolución del empresario al entender que no está acreditado que recibiera "notificación efectiva" del embargo y por tanto "no es posible presumir el dolo criminal".

La abogada Milagros Lamas, que representa a los 59 vecinos que han ejercido la acusación particular, insistió en cambio en que la intervención de los bienes fue ocultada deliberadamente por el empresario para no entorpecer la marcha de la venta de viviendas. La letrada, que le imputa un delito de estafa penado con entre uno y cuatro años de prisión, reclamó también una indemnización de 1.000 euros para cada afectado porque ahora se verán obligados a afrontar los gastos derivados de escrituras en una circunstancias económicas penosas y en muchos casos en el desempleo.

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