Ávila Rojas se presenta como una víctima del 'gilismo' en Marbella

"Me siento el más perjudicado de todos en Marbella". El promotor granadino José Ávila Rojas se presentó ayer en el juicio por el caso Malaya como una víctima del gilismo y de su discutible política de urbanismo porque todas las parcelas en las que tenía proyectos amparados por la revisión del plan general de ordenación urbana de 1998, que nunca llegó a ser aplicable, han acabado reservadas en el planeamiento vigente para equipamientos o para suelo verde.

Ávila Rojas aprovechó las preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero para afirmar que Marbella le tendrá que "resarcir" y devolver las cantidades que entregó durante los gobiernos del GIL para edificar en esos suelos que después han quedado fuera del ordenamiento urbanístico. De hecho, el promotor granadino ha reclamado por vía judicial la devolución de 8,5 millones.

El fiscal Anticorrupción preguntó a José Ávila Rojas por los cinco millones de euros que aparecen vinculados a sus iniciales en la contabilidad secreta de Juan Antonio Roca intervenida en la sede de Maras Asesores. El empresario reconoció que se trataba de entregas que él había realizado, pero rechazó que respondieran a pagos ilegales para obtener licencias o autorizaciones municipales para construir. Explicó que eran negocios en común que tenía con Juan Antonio Roca. De acuerdo con su declaración, su manera de hacer negocios residía en buscar socios que aportaran el suelo y a los que él pagaba unas veces con viviendas y otras con los beneficios obtenidos en las promociones inmobiliarias. De esta forma es, según su declaración, como acabó teniendo al menos cuatro promociones con Roca, aunque nunca supo con total seguridad cuál era el grado de participación del exasesor de urbanismo de Marbella en las sociedades que le aportaban el suelo. Afirmó, además, que nunca tuvo un control exhaustivo sobre esas cuentas porque a él lo que le gusta "es construir. La contabilidad no es mi caballo de batalla".

Las cantidades entregadas a Roca las desvinculó también, en contra del criterio del fiscal, de cuatro convenios firmados entre 2002 y 2003 con el Ayuntamiento de Marbella, al tiempo que negó haber hecho aportación alguna para obtener licencias de primera ocupación. "Nunca di dinero por las licencias de primera ocupación, el Ayuntamiento no me concedió ninguna", recalcó. En este sentido indicó que se dirigió a "una persona" de la Delegación de Urbanismo de la Junta de Andalucía porque tenía "problemas gordísimos" con cerca de 500 casas construidas que no podía entregar a los compradores y allí esa persona "que está muy preparada" le aconsejó que pidiera el permiso por silencio administrativo porque el Ayuntamiento había superado el plazo establecido para responder.