La expropiación de fincas calificadas en el Plan General de Ordenación Urbanística de 1997 como sistemas locales de espacios libres o zonas verdes le ha costado ya al Ayuntamiento de Málaga la nada despreciable cifra de 38,7 millones de euros, de los cuales 32,2 millones se corresponden con el valor final de los terrenos afectados y otros 6,5 millones con los intereses de demora acumulados en los procedimientos. Esta suma se corresponde con los valores asignados en diez sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo, a las que sumar dos enajenaciones por mutuo acuerdo (951.326 euros) y otras tres en las que se asume el justiprecio de la Comisión Provincial de Valoraciones (unos 2 millones).

No obstante, es muy probable que esta factura económica sobre las arcas municipales crezca de manera considerable en los próximos meses y años, una vez queden definitivamente cerrados los procedimientos judiciales aún abiertos que afectan a seis de las parcelas. Tres de los casos están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia emita sentencia con los respectivos justiprecios. En estos, los propietarios reclaman 63 millones, frente a los 1,7 millones que marca el Ayuntamiento y los 5,9 millones establecidos por la Comisión Provincial de Valoraciones.

Terrenos situados en el Monte Gibralfaro, junto al colegio de El Monte, también expropiados.

En los otros tres casos, ya hay sentencias pero se está pendiente de que se fijen los valores finales en trámite de ejecución. En estas enajenaciones, los privados exigen una compensación de 7,7 millones, frente a los 534.165 que reconoce el Consistorio y los 1,8 millones de la comisión.

La paradoja de todas estas operaciones es que la gran mayoría de los espacios incorporados al patrimonio municipal son de escasa o nula utilidad social, dándose el caso de parcelas con pendientes muy pronunciadas y de casi imposible acceso por parte de los ciudadanos. A pesar de ello, conforme a los parámetros del planeamiento de referencia, la Gerencia de Urbanismo quedaba obligada a adquirir esos suelos, ya fuese de oficio o por exigencia de los propietarios.

Todos ellos tienen como denominador común que los propietarios, en algunos casos promotoras que se hicieron con los terrenos a bajo costo, instaron a Urbanismo a que tras no actuar de oficio en la obtención de esas pastillas dentro de los cuatro años que tenía de margen, reclamaron su expropiación por ministerio de ley. Pero lo hicieron con el añadido de que exigieron cuantías muy superiores a las que desembolsaron para hacerse con las fincas.

Los detalles forman parte de la documentación elaborada por el departamento municipal y que será objeto de tratamiento en la próxima Comisión de Transparencia a petición del PSOE. De acuerdo con la información oficial remitida, conforme a la hoja de ruta trazada en el PGOU del 97, el Ayuntamiento incoó un total de 29 expedientes de expropiación. Los dueños de estas parcelas llegaron a exigir al Consistorio 352,4 millones, 25 veces más que los 14,2 millones del valor fijado por los técnicos municipales para estos mismos terrenos.

Una demostración explícita del escaso valor real de las fincas expropiadas por ministerio de ley es el de una finca de 6.444 metros cuadrados junto a la sede del OMAU y el Parque de El Morlaco, cuyo coste final, con sentencia firme del Supremo, ascendió a unos 7,5 millones de euros, de ellos unos 2 millones por intereses acumulados. La particularidad de este sector es que el mismo presenta pendientes del 80% en más de las dos terceras partes de su superficie, una circunstancia que llevó al propio alcalde, Francisco de la Torre, a ironizar al señalar que será una zona verde "para ver no para pisar, para hacer alpinismo".

Igualmente relevante fue el fallo ya definitivo del Supremo por la expropiación de 21.881 metros cuadrados de zona verde en el Monte Gibralfaro, junto al colegio El Monte. La cuantía ya definitiva está muy por debajo de los 68 millones que llegó a demandar la propietaria, la empresa Parque Málaga S.A. La sentencia de Alto Tribunal, tras corregir un primer fallo del TSJA, que cuantificó la compensación en 34,6 millones, optó por rebajar la cifra a 4,8 millones de euros.

De acuerdo con la información oficial, hay otros siete expedientes abiertos después de que los dueños de otras tantas parcelas reclamasen al Ayuntamiento su expropiación por ministerio de ley, elevando la compensación global a casi 56,3 millones. Urbanismo rechazó de plano la demanda, arguyendo que no era aplicable el artículo 140 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Su tesis fue validada por los tribunales y por la Comisión Provincial de Valoraciones. Entre los terrenos incluidos en este capítulo están una zona verde en la calle Orquídea; los terrenos del antiguo Cine Andalucía y un viario en la calle Jalón.