El Ayuntamiento de Málaga quiere sacar definitivamente los patinetes eléctricos de las aceras. Y para ello, las áreas municipales que vienen trabajando desde hace meses en la modificación de la Ordenanza municipal de Movilidad contemplan obligar a que la circulación de estos vehículos quede acotada a carriles bici en los puntos en los que existan y a las calzadas en el resto de las zonas de la urbe.

Se trata de una de las posibilidades que manejan desde el equipo de gobierno del PP, lo que supondría un paso más respecto al esquema normativo vigente en la capital de la Costa del Sol. Actualmente, el mismo se ciñe a la entrada en vigor el pasado mes de abril de un bando firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, con el que se trató de ordenar el servicio que prestan las empresas dedicadas al alquiler de patinetes, que cuentan con una flota próxima a los 2.500.

Cuatro usuarios circulando por el Paseo del Parque.

Sin embargo, la aplicación del mismo no ha puesto límite a situaciones de riesgo en la convivencia entre los peatones y los usuarios de los patinetes que, de acuerdo con la norma, deben aminorar la velocidad a un máximo de 10 kilómetros por hora cuando transiten por los espacios peatonales. Dado el comportamiento actual, en el seno de Movilidad consideran que lo adecuado es evitar que los dos actores compartan físicamente el mismo espacio.

La línea de acción manejada por el Ayuntamiento va en la misma dirección de lo anunciado meses atrás por la Dirección General de Tráfico (DGT), que también abogaba por que fuesen solo por calzadas o por vías autorizadas para ello, con una limitación de 25 kilómetros por hora. Otra de las medidas analizadas por el organismo estatal es la de exigir un seguro obligatorio para patinetes eléctricos, con el objetivo de cubrir accidentes. Una reacción ante el gran número de peticiones realizadas por los ayuntamientos y por la presión generada por el número de siniestros y accidentes en los últimos meses.

Este último punto también es objeto de análisis por parte de los responsables municipales. Otras fuentes consultadas hablaron de que en las reuniones celebradas en los últimos meses, de las que participan no solo Movilidad sino también Seguridad, entre otros, se busca el modo de acotar en el futuro texto las responsabilidades de los usuarios y de las empresas en caso de infracción.

En cualquier caso, la realidad es que la directriz final de Tráfico sigue sin ver la luz y ello a pesar de que meses atrás se habló de que se pondría sobre la mesa este verano. Esta espera también afecta a la actualización de la ordenanza de Málaga, que no parece que vaya a estar lista en ningún caso para antes del último trimestre del año.

Así lo admitió ayer el propio alcalde, Francisco de la Torre, al ser preguntado por ello. Al respecto, informó de que ha pedido a las áreas implicadas en la labor que aceleren el trabajo de modificación con el fin de que esté cuanto antes, señalando que la idea es que sea "mucho antes de finalizar el año". Un plazo que, en todo caso, afecta al texto de modificación, que posteriormente tendrá que ser sometido al trámite correspondiente de aprobación.

El bando actual permite ir por aceras pero a un máximo de 10 kilómetros por hora

La posición del Ejecutivo local, y de manera particular del regidor, se viene endureciendo en los últimos meses. Tras un periodo de nula acción frente a la proliferación de empresas de alquiler en la ciudad, donde han llegado a funcionar de manera simultánea hasta ocho compañías, el Ayuntamiento viene dando vueltas de tuerca en la necesidad de asegurar un uso adecuado de los mismos. No solo en lo que a la circulación se refiere, sino también al aparcamiento de los vehículos, cuestión denunciada desde hace meses por los vecinos.

Una muestra es el mensaje que De la Torre verbalizó el pasado lunes, cuando de manera clara aseguró que ha pedido a la Policía Local que "extreme la vigilancia" sobre los patinetes, tanto en lo relativo a su estacionamiento como a la velocidad de circulación. Incluso, apuntó que debe estudiarse el modo de que sean las compañías de alquiler las que asuman el coste de retirada de los vehículos cuando son llevados por la grúa municipal al depósito.

Hasta ahora, según lo fijado en el bando, las firmas soportan una multa de 200 euros por cada patinete retirado por estar aparcado en una zona prohibida. Sin embargo, no pagan nada por la retirada del depósito o el enganche de la grúa. Una de las medidas ya anunciadas es la de obligar a las empresas a activar el sistema que bloquea el uso de los patinetes en las zonas cerradas a la circulación, caso de la almendra del Centro.