El Ayuntamiento de Málaga ya tiene en sus arcas los cerca de 18 millones de euros que acaba de recibir de la entidad Gestión de Inmuebles Adquiridos (GIA), dependiente de Unicaja, en el marco de la operación residencial de Sánchez Blanca.

El ingreso de esta suma (11,4 millones de capital principal y otros 6,4 millones de intereses acumulados) se produce tras la firma esta mañana de una nueva adenda al convenio rubricado originalmente a finales del año 2004 para permitir la construcción de unas 3.400 viviendas en estos suelos, localizados en las cercanías de la antigua Intelhorce.

Sólo podrá utilizar para proyectos varios los 6,4 millones correspondientes a los intereses

De este montante económico, el Consistorio sólo podrá utilizar para proyectos varios los 6,4 millones correspondientes a los intereses. Lejos de pensar en adelantar su uso, la idea es incorporarlos directamente al nuevo presupuesto al que se está dando forma para este mismo año y que aún tiene meses de tramitación antes de poder entrar en vigor.

Los otros 11,4 millones solo podrán emplearse en obras de reurbanización y mejoras del entorno directo de la futura nueva urbanización. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha aclarado que la intención es que el dinero del que se puede disponer sea repartido para costear varios de los proyectos ahora en marcha.

Este acuerdo suscrito entre la Gerencia de Urbanismo y GIA se produce tras recibir la propuesta el visto bueno del Consejo de Urbanismo a mediados del pasado mes de diciembre. El asunto salió adelante con el rechazo de Málaga Ahora, Málaga para la Gente, la abstención del PSOE y Ciudadanos, y el voto favorable del PP.

El pago se corresponde solo con una parte de la suma que GIA, que tiene el 83,3% del sector, mientras que casi un 17% está en manos de la empresa Andria, que tiene judicializado el acuerdo.

Del total de 55 millones que se fijaron en el origen del acuerdo, el que fuera primer promotor de la operación, Prasa, abonó 26,7 millones, quedando pendiente otros 28 millones. Es a esta segunda suma a la que corresponden los 11,4 millones que ahora quedan liberados.

Los restantes 14,6 millones son resarcidos mediante un pago en suelo, correspondientes al 10% del aprovechamiento de la parcela y que se corresponden con 57.312 metros cuadrados de techo para vivienda de protección oficial.

Los parámetros plasmados finalmente en el documento han sido objeto de negociación durante meses después de que los dos socios privados llegasen a demandar la anulación del convenio urbanístico, anulando de ese modo el incremento de edificabilidad autorizado y, por ende, el pago de la suma económica.