A poco más de mes y medio para la celebración de las elecciones municipales y en un escenario incierto respecto a lo que pueda suceder tras el paso por las urnas, el equipo de gobierno del PP puso ayer en marcha la cuenta atrás para la municipalización de Limasa.

Un procedimiento que no podrá ser concluido hasta el próximo mandato, con lo que el paso ahora dado puede condicionar de manera clara la gestión del futuro Ejecutivo local. Eso siempre que no sea Francisco de la Torre quien, con el resultado de las urnas en la mano, se mantiene al frente de la Casona del Parque.

El desbloqueo de este escenario, al que casi se había renunciado se produce en la recta final de un camino retomado la pasada semana de negociación con los trabajadores de la empresa de limpieza y que, todo parece indicar, podría concluir en los próximos días con la firma de un nuevo convenio laboral. Un asunto clave para que formalmente se pueda ir adelante con la apuesta de De la Torre de convertir Limasa en una sociedad cien por cien pública (en la actualidad solo el 49% está en manos del Ayuntamiento; el otro 51% de varias empresas privadas).

Según explicó el regidor del PP, que estuvo acompañado en la rueda de prensa explicativa de la concejala de Limasa, Teresa Porras, y del concejal de Hacienda y Economía, Carlos Conde, se aprovechó la Junta de Gobierno Local celebrada ayer para poner en conocimiento la memoria justificativa elaborada por una comisión técnica a la que se encargó el estudio de la forma de gestión, y en su caso, la naturaleza jurídica del ente que vaya a encargarse de la futura prestación de los servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos competencia de este Ayuntamiento.

Quiere llevar al Pleno del 30 de abril el acuerdo inicial del mecanismo necesario

De acuerdo con las conclusiones de este equipo, contenidas en un informe de más de cien páginas, “con los datos actuales, con la hipótesis y con el enfoque que se ha planteado en esta memoria, dado que se trata de la forma de gestión del servicio más eficiente y sostenible, se recomienda la prestación mediante una sociedad mercantil de capital totalmente público local”. Tras este primer paso y tras la emisión del informe por parte del interventor valorando la sostenibilidad financiera de la propuesta, la pretensión es llevar este mismo pronunciamiento al Pleno del próximo 30 de abril para su aprobación inicial. A partir de ahí, un periodo de exposición mínima de 30 días naturales y, finalmente, aprobación definitiva por parte, de nuevo, del Pleno.

“Que nadie entienda que hay un mensaje electoral en esto; creemos que es lo mejor para la ciudad”, expuso De la Torre, quien fue claro al insistir en que si los votantes le otorga una confianza “igual o mayor” para continuar, mantendrá la hoja de ruta ahora trazada. En materia labora, ha dado a entender que el acuerdo final con el comité de empresa está “pendiente, prácticamente, de que la asamblea lo pueda ver”. “No entro en detalle por respeto a la propia negociación y a la otra parte de la negociación”, dijo respecto a las condiciones del futuro convenio.

No obstante, salvo sorpresa, la posición de partida de Ayuntamiento pasaba, primero, por desvincular de la negociación los atrasos económicos que la plantilla reclama en la vía judicial y que están pendientes de ser resueltos, y, segundo, manteniendo la relación de parte de los salarios a la productividad en el desempeño del trabajo.

El último ofrecimiento realizado por el equipo de gobierno del PP, inicialmente desechado por los operarios, incluía un plan progresivo, de manera que el primer año el concepto de productividad, con 2.500 euros, no fuese variable; en el segundo, 1.000 euros sí se relacionan “exclusivamente” a absentismo, mientras 1.500 euros no son variables; el tercer año, la parte de absentismo sube a 1.500 euros, dejando sin variable los otros 1.000; el cuarto año, la parte variable sube a 2.000 euros (1.500 por absentismo y 500 por productividad), los otros 500 no son variables; y el quinto y último ejercicio de aplicación, los 2.500 euros son variables, 1.500 de ellos para intentar frenar el absentismo y los otros 1.000 por productividad.