La aparición de fondos de inversión que buscan maximizar los beneficios derivados de la compra de edificios en Málaga capital con su reconversión en viviendas turísticas parece estar detrás del incremento de denuncias de inquilinos que dicen sufrir acoso inmobiliario. Esta realidad, que recuerda a lo ocurrido en pleno boom de la construcción, se puso ayer de manifiesto en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio, en la que todos los grupos municipales acordaron fijar medidas mediante las que poner coto a este fenómeno.

El acuerdo unánime giró en torno a una moción presentada por el concejal no adscrito Juan José Espinosa, en la que se incidió en que los cambios en la propiedad de inmuebles degeneran en "prácticas de acoso inmobiliario", señalando "los aumentos abusivos de alquileres o situaciones de abandono o falta de mantenimiento". Hay ejemplos de residentes a los que se ha subido el arrendamiento de 500 a unos 900 euros. En todos los casos, se apostilla en el texto de la iniciativa, con el objetivo de "deshacerse como sea de los antiguos inquilinos para, tras realizar en ocasiones pequeñas reformas, poner las viviendas en venta o en alquiler turístico obteniendo con ello una mayor rentabilidad".

900Euros. Inquilinos dicen que se les ha subido el precio del alquiler de 500 a 900 eurosUrbanismo actuará en un edificio de la calle Victoria, donde se denuncia acoso

Y para hacer frente a esta situación, las formaciones municipales demandaron que los servicios jurídicos elaboren un informe sobre los instrumentos jurídicos que tiene disponibles el Ayuntamiento "para sancionar comportamientos especulativos y prácticas de acoso inmobiliario por parte de los propietarios". En esta misma línea, se reclamó la puesta en marcha "con la máxima celeridad" de un procedimiento y protocolo para "agilizar la inspección, el seguimiento y la sanción" ante estos supuestos.

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, pidió matizar el contenido del punto, recordando que la obligación de los técnicos siempre que se detecte un comportamiento de este tipo es acudir a la vía judicial, dado que se trata de un delito penal. "Lo que seguiremos haciendo es ponerlo en manos de la Justicia", indicó. Otro de los compromisos adquiridos está relacionado con la incorporación a la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda de un servicio de información y asesoría jurídica gratuita destinada a inquilinos. Un acuerdo en el que Pomares incidió en la necesidad de contar con la colaboración del Colegio de Abogados. Finalmente, el Ayuntamiento, en caso de aplicarse el contenido de la moción, pondrá en marcha una campaña informativa sobre los derechos que tienen los inquilinos y las vías que tienen para denunciar situaciones de acoso.

Finalmente, la Gerencia de Urbanismo actuará ante uno de los últimos casos denunciados por los afectados, el relacionado con el bloque 3 del edificio 62 de la calle Victoria, vendido a un fondo de inversión que, según el testimonio de los afectados, eludió renovar los contratos de alquiler y ha abandonado el mantenimiento de las instalaciones.

"Debe haber actitud activa en defensa de los intereses de los inquilinos", reclamó la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien lamentó que muchas de las nuevas promociones inmobiliarias se estén quedando en manos de "inversores sin vínculos con la ciudad". "Nos estamos quedando sin viviendas; espero que se tomen en serio este asunto", le dijo al equipo de gobierno del PP, al tiempo que advirtió de que lo que está ocurriendo es "una segunda oleada" que podría acabar con "la expulsión de la población". También en la comisión celebrada ayer, ante una moción de Málaga Ahora, el concejal de Ordenación del Territorio se comprometió a "poner a disposición de Derechos Sociales todas las viviendas que haya disponibles" con el fin de atender a familias en situación de emergencia. Y en esta línea, se estudiará destinar a este uso parte de un inmueble que el Ayuntamiento tiene en propiedad en la calle Cuarteles.