Al menos dos años ha estado el Ayuntamiento de Málaga sin sancionar a los propietarios de bares o restaurantes que colocaban sus mesas y sillas en la calle sin autorización u ocupando más superficie de la permitida. El castigo para quienes se excedían en sus derechos era cobrarles la totalidad de la tasa municipal anual fijada para la ocupación de las terrazas en la vía pública en función a los metros cuadrados y tipo de calle en la que estuviera. Sin embargo, en el peor de los casos y suponiendo que se localizara en una de las vías principales de la ciudad el precio a cobrar es de apenas 300 euros por cada mesa y de 469 euros si tiene publicidad, la tercera parte de lo que cuesta al año el metro cuadrado de un local en alquiler en la calle Larios.

Ha sido la norma hasta hace pocos meses cuando la Policía Local o un inspector del área que gestiona la ocupación de la vía pública descubría que una terraza no estaba autorizada o se excedía en su permiso, si bien es cierto que de forma paralela se le notificaba un apercibimiento al propietario del local para que en el plazo de 20 días retirara las mesas y sillas que había de más. Pero en muy pocas ocasiones se llegaba a cobrar además una sanción que en el caso, por ejemplo, de los establecimientos que carecen de licencia para tener terraza puede conllevar multas de entre 1.500 y 3.000 euros.

Esta realidad la confirmó el propio Consistorio, que achacó la ausencia de multas en ese tiempo a la falta de inspectores y al hecho de que con el cobro de las tasas correspondientes a la ocupación "se ejercía una sanción coercitiva". Incluso los hosteleros admitieron que era el modus operandi habitual y que las sanciones "sólo se producían en casos muy extremos", aseguró el presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Málaga (Aehma), Rafael Prados. La Policía Local de Málaga dijo desconocer si el área correspondiente llegaba a sancionar o no, ya que "nuestro trabajo es comprobar si cumple o no las normas y notificar la posible infracción", aclaró un portavoz.

Según los datos del área de Promoción Empresarial y Empleo, en los últimos dos años se han producido unos 500 avisos de decretos de retirada de las terrazas, los mismos que se han producido en los últimos meses desde que entró la nueva Corporación. Pero especialmente desde que el pasado mes de agosto el organismo autónomo de Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga se ha hecho cargo del cobro de las infracciones. "Queremos que a través de las sanciones se aplique una medida ejemplarizante y no recaudatoria porque lo que pretendemos es crear una conciencia social del sector para velar por los intereses de todos", aseguró la edil de Promoción Empresarial y Empleo, María del Mar Martín, puesto que la intención del área es endurecer el control de la ocupación de la vía pública a partir de ahora debido a que la proliferación de las terrazas sigue en aumento.

Tema aparte es el hecho de que el alquiler de la vía pública en la capital resulta especialmente barato e irrisorio si se compara con lo que cuesta alquilar un metro cuadrado en un local de la exclusiva calle Larios, un precio que ronda los 120,5 euros al mes, o, lo que es lo mismo, 1.446 euros al año. Más aún, si se tiene en cuenta la rentabilidad que puede generar una de estas mesas en una terraza de una calle por la que pasan diariamente cientos de malagueños y turistas. Las tarifas que establece la ordenanza fiscal número diez del Ayuntamiento de Málaga por la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública no son iguales en todos los casos. Varían en función de la categoría de la calle -hay seis en total-, si las mesas y sillas tienen o no publicidad, y si la ocupación es anual, temporal u ocasional. Incluso prevé una reducción del 50% sobre la tarifa ordinaria durante tres años en el caso de que el mobiliario se adecue a un plan especial de aprovechamiento.