El Ayuntamiento de Málaga ha otorgado licencias de obra a favor del empresario Vladímir Beniachvili, promotor del centro hispano ruso en los Pinares de San Antón, a pesar de que ya había expedientes de disciplina urbanística abiertos por edificar sobre suelo no urbanizable. Fuentes judiciales confirmaron ayer que la Gerencia de Urbanismo ha concedido al menos cuatro permisos de edificación y parte de ellos tuvieron lugar cuando ya estaban en marcha los procedimientos por irregularidades urbanísticas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga ha solicitado a instancias de la Fiscalía a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga que realice y le remita un informe exhaustivo en el que determine qué partes de la obra se ajustan a licencia y, por tanto, son legales, y qué otras están sobre suelo no urbanizable y son objeto de expedientes urbanísticos.

La primera licencia del centro hispano ruso se expidió en 1999 cuando el Ayuntamiento autorizó a la firma Bravo Turismo, de la que Beniachvili es administrador único. Ese permiso le autorizaba a ampliar la vivienda unifamiliar para equiparla con garaje, piscina, vestuario y pista de tenis. Sin embargo, en 2002 la Policía Urbanística de la Junta constató que la edificación afectaba a suelo no urbanizable, donde, además, se habían realizado explanaciones y construido un cenador.

Consultado por la expedición de estas licencias de obra al promotor del centro hispano-ruso, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, dijo ignorar ese extremo y la concesión de dichos permisos. En cualquier caso, se adelantó a afirmar que si existen tales autorizaciones será para otras cuestiones y en ningún caso para lo que se ha construido de forma ilegal.

El edil del PP constató, además, la insistencia del Ayuntamiento por subsanar las numerosas irregularidades urbanísticas acometidas por este promotor en los últimos años. En este sentido, aseguró que los responsables de su departamento trabajan en este momento en la preparación de la solicitud de demolición voluntaria. "Lo que hacemos, una vez aprobada, es darle un plazo de tiempo para que él mismo demuela lo construido de forma irregular", explicó Díaz Guirado, quien apostilló que si éste no actuase sería la propia Gerencia de Urbanismo la que, de forma subsidiaria, lo haría. No obstante, no se atrevió a dar un plazo concreto para que esta determinación se lleve a cabo. Incluso, admitió que el propietario de la finca "sigue haciendo obra, a pesar de que le mandamos a la Policía".

Como el propio concejal de Urbanismo señala, los pasos que desde hace siete años viene dando el Consistorio no han servido de nada para devolver a la normalidad la zona afectada por estas construcciones. La situación es tal que, según confirmaron desde la propia Gerencia, en la última inspección que se hizo al entorno de Pinares de San Antón, a principios de año, se constató que se habían levantado de manera irregular unos 1.600 metros cuadrados de edificaciones, como un gimnasio y una piscina. Lo que hoy se levanta sobre suelo no urbanizable, en los aledaños de la vivienda del promotor del hispano-ruso, tiene su origen allá por 1998, cuando el alcalde, Francisco de la Torre, era concejal de Urbanismo. En esa fecha fue cuando agentes de la Policía Local percibieron por vez primera que se estaban produciendo anomalías en la parcela.

Sin embargo, el listado de acciones adoptadas por la Gerencia de Urbanismo para tratar de restituir la legalidad no tiene su inicio hasta septiembre de 2002, cuando, según la información facilitada por este mismo departamento, se denunciaron las construcciones realizadas, para cuatro meses más tarde ordenar la suspensión de las obras y, en abril de 2005, la demolición voluntaria de una estructura que incluía una piscina de 956 metros, la cimentación de estructura para otros usos de 376 metros cuadrados y el cenador de 12,5 metros.

Esta orden, ampliada a lo que el propietario fue levantando en ese lapso de tiempo, fue reiterada por el equipo de gobierno dos años después, con el mismo resultado. La vía de ordenar el derribo fue utilizada nuevamente el pasado mes de julio, siendo notificada al promotor el 9 de noviembre pasado.

En el proceso, el equipo de gobierno del PP acabó por recurrir el 16 de enero de 2006, más de tres años después de que impulsase las primeras acciones, a la Fiscalía para ver si estimaba pertinente el inicio de acciones en defensa de la legalidad vigente. Lo curioso del caso es que la iniciativa fue adoptada justo un día después de que la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía anunciase que iba a remitir el asunto al Ministerio Fiscal.