El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene ya sobre la mesa la factura que, según la Consejería de Fomento, le corresponde pagar de la obra del Metro. El documento, según informaron varias fuentes, tuvo entrada en la Casona del Parque el pasado martes, con lo que el departamento dirigido por Elena Cortés cumple con la advertencia que hizo al equipo de gobierno del PP en la última comisión de seguimiento del proyecto, celebrada la pasada semana.

La cuantía que luce en esta reclamación económica asciende a 32 millones de euros, correspondiente, exclusivamente, al porcentaje que corresponde al Consistorio de los tramos ejecutados por la concesionaria del ferrocarril urbano. Lo que no se incluyen son otros 31 millones (si el tramo de la Alameda se hace en superficie) o 48 millones (si se ejecuta bajo tierra) de los tajos que fueron rescatados por la Administración regional para desarrollarlos de forma directa.

La demanda oficial de Fomento no parece que vaya a alterar la firme posición del regidor del PP de no desembolsar un solo euro. De un lado, porque da por compensados los 32 millones mencionados con la realización de obras de movilidad en la urbe, en la línea de lo que pactó la Junta con el Ayuntamiento de Sevilla en 2006. Y, de otro, porque a juicio de De la Torre no se le puede exigir que participe económicamente en los tramos construidos por la Junta.

La disparidad de criterios mantiene en vilo lo que pueda suceder en las próximas semanas sobre el ferrocarril urbano, más aún cuando el equipo de gobierno rechaza avanzar en otras cuestiones del Metro, caso de la ordenación de la EMT, los costes de explotación o la decisión final sobre cómo atravesar el centro, hasta que la Junta acepte que no ha lugar aportación alguna por parte del Consistorio.

"Nuestra posición es que ya está todo pactado y que antes de reunirnos para hablar de cualquier otro asunto hay que aclarar este tema", expuso el concejal de Movilidad, Raúl López. El edil, en la línea de lo dicho el pasado miércoles por De la Torre, recordó que tienen un listado de obras ya realizadas con el dinero del suburbano valoradas en unos 45 millones, entre las que se encuentran la primera fase del bulevar sobre el soterramiento del AVE, actuaciones de Urbanismo, compra de autobuses de la EMT, carriles bus y carriles bici.

En Fomento se insiste en la necesidad de que las dos partes se sienten para analizar las actuaciones. Algo que podría ocurrir el 14 de marzo, cuando ya se había fijado una reunión para hablar de la planificación conjunta del sistema de transporte público. Pero todo indica que al final de lo que se tratará será de las compensaciones al proyecto.

Los responsables autonómicos subrayan la necesidad de que el tema no acabe en los tribunales, como sucedió en Granada, donde se han acercado posturas y se ha acordado una addenda al convenio original para facilitar los pagos a los que está obligado el Ayuntamiento y sustituir parte de la cuantía por obras. En la ciudad nazarí, ante la negativa del Consistorio a pagar la factura, la Junta acabó por retenerle parte de la cuantía que recibe de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Un extremo que no se descarta en el caso de Málaga.