El Ayuntamiento niega que haya okupas empadronados en los Baños

En el padrón municipal de habitantes no consta ninguna persona inscrita en los números pares de la calle Bolivia, entre los que se incluye el antiguo balneario

Asentamiento de okupas en los Baños del Carmen.
Asentamiento de okupas en los Baños del Carmen.
R. Garrido / Málaga

21 de julio 2012 - 01:00

Ninguno de los okupas que desde hace dos años viven en el asentamiento ilegal montado en el entorno de los Baños del Carmen está empadronado en el antiguo balneario como su residencia habitual. El Ayuntamiento de Málaga niega este extremo y asegura que el padrón municipal de habitantes no recoge en este momento ningún empadronamiento en los domicilios que comprenden los números del 2 al 48 de la calle Bolivia, entre los que se incluye el restaurante del antiguo balneario.

Tampoco consta, según el Consistorio malagueño, ninguna inscripción en el padrón de habitantes de la ciudad en los números pares del Callejón Perejil, vía que cierra el perímetro de los Baños del Carmen por su parte este.

Este periódico publicó el pasado domingo que las dificultades jurídicas que tanto la Subdelegación del Gobierno en Málaga como el Ayuntamiento han alegado hasta la fecha para justificar el retraso de tres meses que acumula la intervención policial se deben, según aseguraron fuentes municipales, a que varios de las personas que ocupan de forma ilegal este espacio desde hace años están empadronados en el antiguo balneario como su residencia habitual, lo que complica el desmantelamiento del campamento al requerir una orden judicial para poder intervenir.

Las mismas fuentes consultadas posteriormente se ratificaron sobre esta afirmación, que insistieron en que se produjo en una reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno para abordar el posible desalojo de la zona y en la que estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el concejal de Seguridad, Julio Andrade, la concejal de Medio Ambiente, Ana Navarro; el propio subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, y una abogada del Estado que fue la que, al parecer, expuso la dificultad legal que existe para conseguir una orden de desalojo al considerarse este asentamiento como residencia habitual para estas personas.

La intervención se complica al ser la sociedad concesionaria del chiringuito y del antiguo camping la titular de la zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre donde se asientan alrededor de un centenar de personas.

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