El Ayuntamiento de Málaga, por medio de su órgano ejecutivo, pone una nueva traba al ya complejo trámite impulsado por la Junta de Andalucía para prolongar el trazado del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. Como viene ocurriendo en los últimos años con cada uno de los hitos administrativos cubiertos por la Consejería de Fomento, la Junta de Gobierno Local acordó ayer reclamar formalmente al departamento dirigido por el consejero Felipe López la anulación del proyecto constructivo del ramal en superficie, alegando que "roza la ilegalidad" e incumple de manera drástica tanto la normativa urbanística como de accesibilidad.

Para sustentar la reclamación, que deberá tener contestación por parte de la Administración regional en un mes, el equipo de gobierno del PP se valió de sendos informes emitidos por el departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo (firmado por la jefa del mismo, Elena Rubio, y por Silvana Molina) y otro del área de Accesibilidad. Como elementos puestos en valor por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, el análisis técnico señala que el proyecto del tranvía deja cinco calles de la zona "en fondo de saco", es decir quedarán cortadas en uno de sus extremos. En concreto, las calles Prensa, Escritor Enrique Llovet, O'Donnell, y los pasajes Igueldo y Archanda.

Quién les va a decir a esos vecinos que no van a poder llegar los camiones de Bomberos"

Esta circunstancia le sirvió al edil del PP para poner en duda que con la actuación se garanticen los accesos a los vehículos sanitarios, de seguridad y de Bomberos. "Condenan a 18.000 personas a riesgos en materia de seguridad y salud; quién les va a decir a esos vecinos que no van a poder llegar los camiones de Bomberos o las ambulancias", dijo de manera categórica Pomares, para quien el proyecto formulado por la Junta "no es que sea malo, es lo siguiente".

De acuerdo con los informes municipales, los fondos de saco están "expresamente prohibidos" en la normativa local porque "responden a una mala praxis urbanística, al ser reflejo de la incapacidad para diseñar una trama urbana continua y conectada, generando serios problemas al acceso para vehículos de emergencia, servicios públicos...". Incluso, se alude a que en algunas de las vías citadas los vehículos tendrían "que salir marcha atrás". En cuanto a la parte de accesibilidad, se indica que el plan autonómico prevé secciones transversales para aceras y calzadas en un único nivel en las calles por donde discurre el tranvía, lo que "incumple reiteradamente la normativa vigente".

El crítico cuestionamiento que hace el Ayuntamiento no es nuevo. El proyecto constructivo fue entregado por la Agencia de Obra Pública de Andalucía al Consistorio el 1 de abril de 2016. 27 días después Urbanismo dio a conocer un informe negativo al planteamiento, aduciendo, entre otras razones, que el trazado no tenía adecuación urbanística, al no estar contemplado ni en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) ni en el PGOU. Ante este revés, la Junta decidió apelar a Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. Y sobre esta base, el Consejo de Gobierno andaluz, el pasado 5 de diciembre, dio luz verde al proyecto constructivo e instó al Consistorio a adaptar en el plazo máximo de un año su Plan General para incluir el Metro a ras de calle hacia la zona norte.

La respuesta del Ayuntamiento es contraria. Abunda en su rechazo al documento técnico y esquiva la exigencia de adecuar su planeamiento. "Nos piden que adecuemos el PGOU a un proyecto que está mal; no puedo llevar al planeamiento algo que es ilegal", llegó a afirmar Pomares. En la misma línea, el portavoz del PP en la Casona del Parque, Carlos Conde, abundó en lo incompleto del documento y acusó a la Junta de querer "imponer" esta infraestructura "sin escuchar la voz de los vecinos". "Buscamos que se cumpla la legalidad vigente", defendió. En el caso de que la Junta vuelva a eludir la petición municipal, se avecina un nuevo pleito judicial.