El Ayuntamiento inicia el rescate de la polémica piscina de Campanillas

El Ayuntamiento de Málaga inicia el rescate de la concesión de la polémica piscina de Campanillas. El acuerdo, adoptado ayer por la Junta de Gobierno Local, ve la luz más de un año después de que el equipamiento deportivo fuese clausurado tras el desprendimiento de algunos elementos de su cubierta y más de diez años después de que la Gerencia de Urbanismo constatase las primeras irregularidades por parte del adjudicatario, que hizo obras sin licencia en la parcela.

La demora en la intervención municipal se produce tras el fracaso de la vía de negociación abierta con el concesionario para evitase un posible contencioso judicial. Enterrado el diálogo, ante su negativa a asumir las exigencias del Consistorio, el equipo de gobierno inicia la senda del rescate en el objetivo, cuanto antes, volver a licitar la explotación de la piscina.

De acuerdo con la documentación oficial, la apuesta del rescate fue valorada inicialmente en octubre del año pasado, si bien en paralelo se mantuvieron contactos con el privado para tratar de solventar el problema. Al haber transcurrido más de tres meses sin una resolución, se da por caducado el citado expediente, lo que obligó ayer al Ejecutivo municipal a iniciar uno nuevo.

Esta dilación puede afectar de lleno a la posibilidad de que el equipamiento esté en funcionamiento el próximo verano. Aunque los técnicos municipales trabajan ya en el pliego de condiciones, la realidad es que pasarán aún algunos meses antes de que el mismo salga adelante. "Existe la posibilidad de acelerar el procedimiento si el Consejo Consultivo resuelve que es un bien de interés general; eso permitiría que pase directamente al Ayuntamiento y podamos sacar el concurso antes de que haya una resolución firme", expuso el portavoz del PP en la Casona del Parque, Mario Cortés.

Los contactos con el concesionaria se mantenían a pesar de las advertencias emitidas por la Junta de Distrito 9 Campanillas en sendos escritos, de 28 de noviembre de 2013 y de 28 de enero de 2014. De los mismos "se desprende que la situación que dio origen al procedimiento de resolución de la concesión, no sólo no se ha mantenido, sino que se ha agravado". Y para avalarlo se alude a partes de la Policía Local el 12 de noviembre de 2013 y el 10 de enero pasado "donde se indica que la instalación se encuentra cerrada por diversas anomalías y que pueden suponer un peligro para los jóvenes alumnos de un instituto cercano".

En el mismo acuerdo en que se incoa el procedimiento para resolver la concesión, se inician los trámites "tendentes a la determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el concesionario por incumplimiento culpable". El último informe elaborado por el departamento de Valoraciones de Urbanismo concluía, en octubre del año pasado, que el privado tenía que compensar al Ayuntamiento con unos 26.000 euros. La cifra era el resultado de restar a la tasación de las construcciones realizadas por el concesionaria, valoradas en 411.000 euros, la amortización de los casi diez años de gestión, así como las sanciones que hasta la fecha se le han impuesto por ejecutar obras sin permiso (120.500 euros); los trabajos necesarios para adaptar la cubierta de la piscina , presupuestados en otros 47.000 euros y 21.000 euros más en tasas no abonadas.