Después de 16 años, el ex regidor de Estepona Antonio Barrientos, principal acusado en la macrocausa sobre presunta corrupción política y urbanística en Estepona, ha sido el primero de los investigados en sentarse en el banquillo, donde ha defendido su inocencia. "Durante mi etapa de alcalde no hubo irregularidad alguna y menos desde el punto de vista penal en temas de disciplina urbanística", ha manifestado. 

Poco antes de las 10:00, el investigado por los presuntos delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias ha llegado "tranquilo" a la Ciudad de la Justicia junto a su abogada. "Tengo la tranquilidad de manifestarme ya, muchas ganas de hablar y de expresarme. Como siempre he dicho, quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Contento de que acabe pronto y tengo la convicción de que acabará bien", ha expresado.

Durante su intervención -en la que no ha contestado las preguntas de las partes-, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, ha denunciado "múltiples irregularidades y anomalías" por parte de la Policía Nacional, que ha calificado como "impropias en un estado de derecho". Tal y como ya hizo en la fase de cuestiones previas su abogada, María Gutiérrez, quien insistió en la nulidad de la instrucción en su totalidad debido al "comportamiento absolutamente ilegal de las fuerzas y cuerpos de seguridad" relacionando, en este punto, al ex comisario José Manuel Villarejo.

Barrientos, que fue regidor del municipio malagueño entre 2003 y 2008, ha asegurado que durante ese periodo hubo "mucho desarrollo económico e inmobiliario", por lo que el departamento de Urbanismo, ha asegurado, "estaba absolutamente desbordado" dado que no había un personal concreto asignado, sino que "se tiraba de la delegación de Urbanismo y había muchos trabajos que priorizar", como licencias de obras o de primera ocupación, entre otros. También ha achacado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor en 2004, algunos retrasos. 

Si bien ha asegurado que durante su mandato "jamás hubo ninguna prescripción de expedientes" y ha explicado que a los dos meses de entrar en la Alcaldía delegó las competencias relacionadas con disciplina urbanística a la edil María Miralles que, según Barrientos, "era una persona con experiencia política". Si bien, "no entendía absolutamente nada de urbanismo".

Así lo ha reconocido ella misma este martes, que también ha declarado, pero en calidad de testigo. Ha explicado que, por este mismo motivo, "siempre consultaba todo con los técnicos" y ha destacado que lo principal era "que no caducaran los expedientes, que pudieran reactivarlos en cualquier momento". Ante la pregunta de si recibió alguna vez instrucciones del alcalde señor Barrientos, formulada por la defensa de este, la respuesta de Miralles ha sido negativa.

Por su parte, la Fiscalía lo acusa de haber dejado sin resolver, de forma consciente o por intereses políticos, cerca de un millar de supuestas infracciones por edificación en suelo no urbanizable, ampliación de viviendas o movimientos de tierra para evitar el coste en las urnas que tendría sancionar a vecinos del municipio. Por ello, piden una pena total de diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación por los delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Está previsto que el juicio continúe este miércoles con más testigos, entre los que se encuentra David Valadez, uno de los concejales socialistas que denunció que en Estepona se estaban cometiendo delitos relacionados con la corrupción. Cabe destacar que, posteriormente, tras estallar el caso Astapa y una vez que Barrientos ingresó en prisión, Valadez fue proclamado alcalde del municipio malagueño.

El caso Astapa, sobre presunta corrupción en Estepona, es uno de los mayores casos de corrupción política y urbanística en la Costa del Sol, con una instrucción que suma 351.114 folios y 774 tomos. Esta macrocausa da el pistoletazo de salida este lunes, 9 de enero, dieciséis años después del inicio del procedimiento. Lo hace con 50 acusados sentados en el banquillo, entre exconcejales, empresarios y empleados municipales, siendo el más conocido el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos; las penas solicitadas para todos ellos suman más de doscientos años de cárcel.