La propiedad de los hoteles Royal Costa y Royal Al Andalus, dos establecimientos de tres y cuatro estrellas ubicados en Torremolinos, está en entredicho y su solución podría acabar en los juzgados. El empresario británico Michael Mifsud adquirió acciones de una de las sociedades que gestionaba ambos centros en un proceso concursal, pero el resto de socios no lo reconoce. El conflicto dura ya un año y todo está en el aire.

La historia es la siguiente. La cadena hotelera Royal Premier, propietaria de esos establecimientos, tiene como administrador único desde febrero de 2016 a Segetur, una empresa controlada por Antonio Mata, según consta en el Registro Mercantil. Hasta febrero de ese año otro accionista era la firma Proturin, que entró en concurso de acreedores en el juzgado mercantil número 10 de Madrid. Fue liquidada y sus acciones fueron adquiridas por Mifsud en julio del año pasado a través de la sociedad Finca La Bulagar. "Fui a unas oficinas en Fuengirola para solicitar información sobre un local comercial que me interesaba. Varios abogados me dijeron que comprara Proturin, que era una ganga. A mí no me parecía tanto chollo, pero sí pensaba que era una buena oportunidad", explica a este diario Mifsud.

Me dijeron que comprara Proturin, que era una ganga. Pensaba que era una buena oportunidad"Michael MifsudEmpresario

Se puso en contacto con los administradores concursales y compró un paquete a través del cual, según sus registros, pasaba a ser el propietario del 50% de Royal Premier, del 50% del hotel Royal Al Andalus, del 22% del hotel Royal Costa y del 22% de Hacienda Real Los Olivos en Lorca. "Pagué 250.000 euros por esas acciones, a lo que hay que sumarle otros 100.000 euros en honorarios, comisiones, etcétera", señala el empresario. El administrador concursal de Proturin Ignacio Mori lo confirma. "Le ofrecimos primero las acciones a Mata pero hicieron una oferta muy baja, por lo que el juzgado mercantil no las aceptó. Cuando Mifsud presentó su oferta se lo dijimos al juzgado y a los concursados y se aprobó", indica.

Una vez realizada la adquisición, el empresario británico residente en la Costa del Sol intentó convocar una asamblea para dar a conocer la nueva situación. "Queríamos buscar capital para invertir, hacer más atractivos los hoteles y acabar con la deuda que tiene la cadena, de unos 30 millones de euros", afirma Mifsud. Sin embargo, denuncia, a lo largo de estos meses no ha recibido respuesta alguna de los otros socios pese a varios requerimientos notariales. "Me están ignorando completamente, llevamos un año de notarios y abogados en los que ya he gastado 30.000 euros y me hacen el vacío", relata.

A finales de junio hubo una junta en una notaría de Madrid pero los abogados de Mifsud no pudieron entrar. "No nos avisaron, lo tuvimos que ver en el Borme y no nos dejaron entrar", critica. Fuentes de Segetur explican a este diario que "el proceso se ha hecho con todas las garantías legales y su publicación oficial" y que el empresario británico "no pudo entrar a la junta de accionistas porque no está acreditada la titularidad de sus acciones", sin entrar a valorar el resto de cuestiones.

Tanto Mori como Mifsud apuntan que es Segetur, de la mano de Antonio Mata -que fue condenado a dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001-, la que tiene la obligación de inscribir la venta de las acciones en el libro de socios para que quede constancia en el Registro Mercantil. "No está acreditada la titularidad porque es la propia Segetur la que tiene que hacerlo y no quiere", expone el administrador concursal.

Mifsud señala que han impugnado esa junta, asegura que en aquella reunión "los otros socios querían proponer una ampliación de capital para diluir mis acciones" y advierte de que podría denunciarles "por estafa o intento de privar a accionistas de lucros legítimos si no negocian una entrada a la administración muy pronto, aunque sea compartida, para proteger a los acreedores, plantillas y los negocios".

Este empresario, que fue uno de los primeros en crear un aparcamiento público junto al aeropuerto de Málaga o que tiene un hotel en San Pedro Alcántara, señala que tanto Royal Costa como Royal Al Andalus "facturan unos cuatro millones de euros cada uno al año pero solo le entran embargos porque están mal gestionados". Cabe señalar que el Consejo de Ministros del pasado 13 de junio multó a Royal Al Andalus con 702.751,43 euros por no pagar a la Seguridad Social ni la cuota empresarial ni la de sus trabajadores de forma discontinua desde mayo de 2012 a diciembre de 2015.