CCOO y ex directivos de Isofotón presentan su plan para evitar el cierre de la firma

Se quiere captar el apoyo de 240 ex trabajadores para quedarse con el recinto y maquinaria

Un momento de la asamblea que tuvo lugar ayer.
Un momento de la asamblea que tuvo lugar ayer.
Ángel Recio Málaga

07 de febrero 2014 - 01:00

Los ex directores de recursos humanos, financiero y de compras de Isofotón, junto a representantes de CCOO en la empresa, presentaron ayer de forma oficial su plan para evitar el cierre definitivo de la compañía en una asamblea a la que asistieron unos 350 ex trabajadores. Juan Carlos Martín, responsable de CCOO en Isofotón, explicó que la idea consiste en ofrecerle a la administración concursal la posibilidad de que se mantenga la actividad de la fábrica con 240 empleados. Se crearía una sociedad anónima laboral y cada trabajador tendría que aportar, de inicio, 6.000 euros que procederían de su indemnización por despido del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según el representante sindical, Caja Granada se ha ofrecido a adelantar ese dinero. Si hubiera 240 trabajadores dispuestos a ello, se obtendrían 1,4 millones de euros que servirían para comprar materia prima, arrancar la fábrica y empezar a conseguir clientes. De hecho, Martín señala que ya tienen "contactos muy avanzados" con clientes en Japón.

Desde hoy hasta el viernes de la semana que viene se pueden apuntar los ex trabajadores que lo deseen para ver exactamente cuál es el apoyo real a la iniciativa. Martín estima que se podría empezar a andar con 80 personas y que, poco a poco, se iría incorporando el resto.

El borrador de este plan ya ha sido presentado a la administración concursal y a la Junta de Andalucía, que es la principal acreedora. No obstante, la solución no es sencilla pues el pasivo de Isofotón supera los 200 millones de euros. Los ex directivos y CCOO proponen quedarse con la fábrica y la maquinaria por 37 millones de euros, que es la cantidad que se le debe a la Junta, y devolvérselos al gobierno regional en 13 años. Sin embargo, hay muchos más acreedores que también querrán cobrar lo que les adeudan, por lo que habría que buscar la fórmula para contentar a todos.

La delegada provincial de Innovación, Marta Rueda, señaló ayer que la decisión final depende de si los administradores concursales lo ven viable o no "porque hay más acreedores y nosotros no podemos decir ni hacer nada".

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