Pepe Calayo. Cantaor de flamenco. Así se presenta José Manuel Martín Alba, concejal y exalcalde de Alcaucín, desde que abandonó la cárcel tras pagar una fianza de 120.000 euros. La tarjeta de visita que mandó imprimir al recobrar la libertad da cuenta del perfil más singular del acusado en la operación Arcos contra la corrupción político urbanística de este pueblo de 2.469 habitantes de la Axarquía. Pero Martín Alba es mucho más que un aficionado al cante jondo.

Es un fenómeno político en su pueblo, donde ha sumado cinco mayorías absolutas consecutivas. Ni siquiera su implicación en el caso Arcos, su paso por la cárcel y los 160.000 euros que la Guardia Civil encontró durante un registro bajo un colchón de su casa han logrado dinamitar el fervor que le dispensan sus vecinos. Expulsado del PSOE tras su detención por presunta corrupción, creó su propia formación, el Partido Independiente Sierra Tejeda Alcaucín, PITA, con el que concurrió en las elecciones municipales de mayo de 2011y para sorpresa general logró dos concejales.

Martín Alba llegó a la Alcaldía de Alcaucín en 1991, justo el mismo año en el que Jesús Gil se hacía con el gobierno de Marbella. La gestión que desplegaron el cantaor flamenco y del presidente de equipo de fútbol, salvando las distancias, tiene en la confusión urbanística su denominador común.

Las investigaciones del caso Arcos han puesto de manifiesto que el planeamiento en Alcaucín equivalía a embrollo normativo. Cuando Martín Alba fue detenido el 27 de febrero de 2009 el municipio se regía aún por las normas subsidiarias, si bien estaba en fase de adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que había sido aprobada siete años antes. Desde que se aprobó la LOUA y hasta que fue arrestado por primera vez Martín Alba la Junta de Andalucía impugnó 27 acuerdos municipales que promovían la recalificación de suelos y tramitó 21 denuncias de particulares. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) comprobó también que si la cartografía de 1991 recogía 356 viviendas en suelo rústico en Alcaucín, en 2009 eran ya 1.420 y advertía que se pretendían hacer urbanizables los 354.825 metros de suelo rural sobre el que se habían levantado viviendas ilegales.

La juez de Vélez, Irene Urbón, de hecho, ha ordenado la revisión de la gestión urbanística desarrollada por Martín Alba en la alcaldía durante la última década. La investigación no sólo se centra en sus decisiones administrativas, sino también en su participación directa en las operaciones.

Entre los informes realizados por la Guardia Civil durante las pesquisas figura uno en el que presumiblemente Martín Alba participó en una operación de suelo sólo y exclusivamente para sacar un pellizco: un particular encargó a un hermano vender una parcela y recibió por la finca 120.000 euros. Sin embargo, la sociedad compradora pagó 330.000 euros. Los agentes afirman en ese informe que los 210.000 euros restantes presumiblemente se los repartieron el exalcalde y actual concejal, José Martín Alba, el abogado Pedro Grandfils, el hermano del vendedor y un agente inmobiliario.

La Guardia Civil sostiene que en esta compraventa medió una operación especulativa porque "las hijas del excalcalde, por mandato de su padre" compraron previamente la finca para, seguidamente, venderla a la empresa compradora. Para los investigadores, la interposición de la familia de Martín Alba y las importantes plusvalías que se obtuvieron se "justifican por la concesión de la licencia de obras que el entonces alcalde realizó sin atender a normas urbanísticas vigentes en la localidad".