El 95% de las condenas que dictaron el año pasado los tribunales de Málaga por infringir las normas de seguridad vial se impusieron a conductores que no tenían el permiso de conducir vigente o circulaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La memoria del área de Seguridad Vial de la Fiscalía Superior de Andalucía apunta que en 2009 fueron condenados en la provincia 3.575 conductores. De ellos, 1.773 habían infringido el artículo 384 del Código Penal que castiga con penas de tres a seis meses de prisión o de 12 a 24 meses de multa y servicios en beneficio de la comunidad por circular sin el permiso de conducir vigente al haber perdido la totalidad de los puntos o por haberle sido retirado por la autoridad judicial.

Además, otras 1.633 personas han sido sentenciadas por vulnerar el artículo 379.2 del Código Penal que prevé condenas similares por circular con tasas de alcohol en aire espirado superiores a 0,60 miligramos o bajo el efecto de drogas u otras sustancias estupefacientes.

La abrumadora mayoría de las condenas se alcanzaron con la conformidad de los conductores afectados. Según la memoria de la Fiscalía Superior el año pasado se impusieron 3.442 sentencias en las que los afectados expresaron previamente su consentimiento. Esta cifra representa el 96% del total.

Además, las penas derivadas del exceso de velocidad ascendieron a 81. En este caso el Código Penal castiga a aquellos conductores que sobrepasan los 60 kilómetros por hora en tramos urbanos o los 80 en trayectos interurbanos. Estas infracciones prevén condenas de tres a seis meses de prisión y multas que oscilan entre los seis y 12 meses, además de trabajos en beneficio de la comunidad que pueden alcanzar los 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante un periodo que puede ser hasta de cuatro años.

La memoria de la Fiscalía también desvela que el año pasado se firmaron otras 48 sentencias que condenaban a conductores cazados cuando circulaban de forma temeraria de tal forma que ponían en peligro la vida o la integridad física de otras personas, así como otros 30 que al ser requeridos por los agentes de la Policía o Guardia Civil se negaron a someterse a las pruebas para detectar la presencia de alcohol o drogas. Estos casos están castigados con penas que oscilan entre los seis meses y el año de privación del derecho a conducir y hasta con cuatro años de retirada del permiso de circulación.

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