Círculo de confianza

“Hay dinero para lo que se quiera, cuando y como se quiera y, además todos lo cogen y nadie pide explicaciones. No hay nada de intervención, de fiscalización, ni de sometimiento a las normas. El dinero se paga en maletines o en metálico”. Esta era el particular sistema de funcionamiento del Ayuntamiento de Estepona regido por Antonio Barrientos, según denunciaron a la Policía los concejales David Valadez, alcalde en la actualidad y Cristina Rodríguez.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que forma parte del sumario de la Operación Astapa tiene claro que “Antonio Barrientos González, desde su posición privilegiada como alcalde de Estepona, tiene conocimiento y coordina las actuaciones de las personas que forman parte de un núcleo visible que, con funciones definidas, aglutinan y allegan relaciones, contrataciones y fuentes de financiación de dudosa o nula transparencia”. El alcalde era el primer eslabón de una supuesta cadena de corrupción con peticiones a las empresas de financiación de las distintas concejalías y actos municipales mediante contraprestaciones económicas a cambio de agilizar determinadas actuaciones urbanísticas.

Uno de los pilares sobre los que se basaban las actuaciones de Barrientos eran las contrataciones “a dedo”. Hasta 300 personas consiguieron un puesto de trabajo mediante este sistema. Naturalmente, con overbooking de entrada. Recoge el sumario una conversación entre el alcalde y el gerente de Empladus (Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico de Estepona) en la que Barrientos le pregunta cuánta gente ha contratado. “El gerente lo dice que unos 40 ó 41 a lo que el alcalde le responde si no se acuerda que le había dicho que contratase sólo a 33 que el resto los metía él, y que a ver que hacía ahora, que tiene a 6 para colocar”.

A veces, quizás para guardar las apariencias, Barrientos, además de aportaciones económicas, exigía a algunos empresarios contratar personas allegadas a él, como su ex pareja, que entró a trabajar con Jamal Iglesias, empresario interesado en las concesiones de los chiringuitos. El informe policial constata que “contrató a esta señorita con un sueldo de 3.000 euros mensuales, condiciones impuestas de antemano por Antonio”. Un sistema similar al empleado para colocar a su hermana Gloria, aunque a ella no le interesó el trabajo con un empresario y fue finalmente contratada por Aquagest Sur, la gestora del abastecimiento de agua en la zona.

Un círculo pretoriano conseguido a base de favores personales para estar rodeado de gente de suma confianza para él. Pero si aún así no le eran fieles intentaba “incluso comprar el silencio de los que le rodean y son testigos de todas las fechorías cometidas en el despacho que tiene en el Consistorio”, como se lee en el informe. Es el caso de una de sus secretarias personales que se extrañó ante el “vaivén de maletines en el despacho de Antonio” o cuando se encontraba cantidades de dinero en efectivo en los cajones de la Alcaldía. Al parecer, no es la única persona a la que intentó comprar. “Rafael Montesinos, primer teniente de alcalde, pudiera haber cobrado una cantidad que oscilaría entre 200 y 300 millones de las antiguas pesetas por realizar un pacto de gobierno con el PSOE tras las elecciones”, puede leerse en otro de los 28 folios que la brigada de blanqueo dedica al ex alcalde de Estepona.

Naturalmente, Barrientos “se beneficia de forma personal, y siempre prevaliéndose de su cargo público, de los deseos de las mercantiles”. Parece ser que acaparaba viviendas en las urbanizaciones de la localidad.

Hay que reconocer, eso sí, que procuraba una lluvia de beneficios entre sus allegados. “Es parte activa en las adjudicaciones a dedo de distintas obras, en las que casualmente salen beneficiados familiares o personas del entorno más cercano a Antonio Barrientos”. Tíos, primos, cuñados, hermanos/as, e, incluso el propietario del chiringuito Lolailo “lugar en el que habitualmente come Barrientos, manteniendo más que una relación cordial entre ambos”, contempla la Policía.

Y por último los empleados municipales que podían prestarle un servicio: “El derroche de dinero es tal que el alcalde abona periódicamente cantidades de dinero a determinados funcionarios en concepto de productividad, existiendo plena coincidencia entre las personas que reciben esos complementos y las que se han visto envueltas en irregularidades, pareciendo más un pago por los servicios que realizan al margen de la ley, que por la productividad para con su puesto de trabajo”.