El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha citado al decano del Colegio de Abogados de Málaga en calidad de investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial en relación con unos hechos "que se remontan al mes de mayo en pleno confinamiento por el COVID-19".

Así lo ha indicado el propio decano, Francisco Javier Lara, en un comunicado, en el que informa a los colegiados de lo ocurrido en su momento en relación con esta causa, explicando que los primeros meses de la pandemia fueron "muy convulsos" y en marzo, tras la declaración del estado de alarma, "nos vimos obligados a suspender los servicios de guardia porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad y era nuestro deber luchar para mantener a salvo a los compañeros".

Unos servicios que "se restablecieron pronto, una vez que se comenzaron a prestar las asistencias por medios telemáticos o, cuando esta opción no era posible, al menos se aseguraba la utilización de mascarillas y guantes y se respetaba la distancia de seguridad requerida por las autoridades sanitarias", ha apuntado el decano.

En abril, la junta de gobierno del colegio volvió a advertir de que, "si continuaban algunos incumplimientos que se habían detectado, se volvería a suspender el servicio"; aunque "se consiguió normalizar la situación después de dos meses de tensiones".

A esto, ha apuntado que el 2 de mayo, "el magistrado de la Audiencia Pedro Molero realizaba unas manifestaciones en redes sociales en las que atacaba a la Abogacía, al decano y a la junta de gobierno a raíz de una noticia en la que el colegio instaba al CGAE y al Cadeca a convocar huelga en agosto tras expresar su rechazo al plan aprobado por el Gobierno para la recuperación de la actividad judicial".

En el comunicado, el decano señala que "el 6 de mayo, me llegó un apercibimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, cuya titular es, además, la mujer del magistrado y también había intervenido en las conversaciones en redes sociales, pues se decidió de manera unilateral que las asistencias a detenidos se prestasen sin las garantías de seguridad que entendíamos necesarias y que hasta entonces ya se venían respetando por todos".

"Comprenderéis que no podíamos dejar desamparados a los compañeros", ha dicho Lara, quien ha señalado que estos "son los antecedentes y las causas de la citación como investigado" que ha recibido este jueves y que ha puesto en conocimiento de los colegiados "puesto que no tengo nada que ocultar".

"Tengo el convencimiento de que me asiste la razón y de que todas las actuaciones de la junta de gobierno han tenido siempre como objetivo último el servicio y la ayuda a todos los compañeros, quienes especialmente durante la pandemia han realizado y siguen realizando un trabajo encomiable y fundamental para defender los derechos de todos los ciudadanos y asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho", ha dicho.

Así, ha mostrado su "orgullo por pertenecer a esta profesión y por tener el privilegio de representaros como decano con una junta de gobierno valiente y que ha estado en todo momento dispuesta a dar la cara en defensa de los colegiados, aún a costa de verme o vernos inmersos en un procedimiento penal", ha concluido.