Málaga

Colectivos homosexuales piden al fiscal general que actúe contra el nuevo cardenal

  • El grupo municipal de IU reclama que se declare persona 'non grata' a Fernando Sebastián

Colectivos homosexuales de Cataluña pidieron ayer que el fiscal general del Estado abra diligencias contra el nuevo cardenal Fernando Sebastián Aguilar por haber afirmado que la homosexualidad "es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento". Sebastián hizo estas declaraciones antes de viajar a Roma para iniciar los preparativos de la ceremonia de su nombramiento.

"Las declaraciones del nuevo cardenal español calificando la homosexualidad de deficiencia son absolutamente indecentes", declaró a Efe el portavoz del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez.

"Esta expresión atenta contra el marco jurídico español que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación en el artículo 18 y 14 de la Constitución", señaló Rodríguez.

Para el portavoz del colectivo LGTB, "declaraciones de este alcance homófobo son una clara incitación al odio y a la discriminación, comportamientos penados en el artículo 510 del Código Penal, y ponen en peligro la seguridad de miles de adolescentes homosexuales que ya de por sí sufren bullying homófobo".

Por otra parte, el grupo municipal de IU aseguró ayer que va a solicitar que se nombre al cardenal persona non grata en el próximo pleno del Ayuntamiento. La formación quiere mostrar así su rechazo frontal frente a unas declaraciones que se consideran "intolerables" y en las que se afirmaba que la homosexualidad era un defecto. "Fernando Sebastián la ponía al mismo nivel que la hipertensión, lo cual desde Izquierda Unida se considera una ofensa que perpetúa la patologización de la homosexualidad, cuando esta es una opción sexual que debe ser respetada y protegida frente a los ataques que se hacen desde las instituciones eclesiásticas", dijeron.

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo consideró que las declaraciones del cardenal son "discriminatorias y vejatorias contra las personas homosexuales y las mujeres" y que atentan contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española en el artículo 14 "donde se garantiza el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Por ello, reclamó a la Conferencia Episcopal que exija una rectificación al cardenal".

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