El Colegio de Abogados de Málaga ha anunciado que recurrirá los acuerdos de las juntas de jueces de todos los partidos judiciales de la provincia en los que se haya acordado imponer un sistema de cita previa para que los profesionales accedan a las sedes, "perjudicando gravemente el desempeño de su actividad y afectando al derecho de defensa de los ciudadanos".

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha mostrado, asimismo, el rechazo unánime de los once colegios de abogados de Andalucía a todas las medidas y acuerdos adoptados por los distintos órganos judiciales que tratan de limitar o restringir el libre acceso de los abogados a las sedes y oficinas judiciales, han indicado desde la institución colegial malagueña en un comunicado.

El decano de los abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha explicado que esta situación "pone de manifiesto una vez más la importancia del trabajo que desarrolla la junta de gobierno del Colegio de Abogados para dignificar la profesión, que sigue siendo maltratada por la Administración y por algunos órganos judiciales".

Han recordado que el pasado 2 de junio, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "adoptó un acuerdo en el que se materializaban las mencionadas restricciones, que fueron secundadas por acuerdos de juntas locales de jueces de distintos partidos judiciales de la provincia". El Cadeca presentó el pasado lunes, 8 de junio, una queja formal ante el TSJA, "reclamación que ha dado lugar a una rectificación parcial que el colegio malagueño y el Consejo Andaluz consideran claramente insuficiente".

Por ello, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz ha acordado impugnar el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA de 2 de junio de 2020 -y su rectificación de 9 de junio-, interponiendo el correspondiente recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "sin perjuicio de otras medidas que se pudieran consideren necesarias".

Lara ha explicado que el Colegio de Abogados de Málaga "ha sido el primero y la institución más vehemente a la hora de exigir que todos los profesionales de la Administración de Justicia y los ciudadanos puedan trabajar y acceder a los servicios en condiciones de máxima seguridad en la pandemia del Covid-19, incluso desde antes de la declaración del estado de alarma", pero ha insistido en que "no se puede permitir que esta situación denigre a los profesionales y, por ende, perjudique a los ciudadanos".