Manuel Alonso, la ex pareja de Lucía Garrido, hallada muerta en 2008 en la piscina de su casa en Alhaurín de la Torre con golpes en la cabeza y una puñalada en la yugular, vuelve a verse envuelto en un litigio judicial. Esta vez, ha sido condenado a 18 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes y al pago de una multa. También su actual mujer, aunque en su caso la pena se reduce a un año. El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga considera probado que ambos simularon la venta de una finca rústica para “eludir el pago de las deudas derivadas de los impagos de la pensión alimenticia” a la hija que tenía en común con la fallecida y a la que debía proporcionarle 400 euros. Con la supuesta operación, el acusado pretendía situarse en una “situación de insolvencia que impedía que la perjudicada pudiera ver satisfecha la deuda” que ya había sido judicialmente reclamada.

La sentencia dictada refleja que la ex pareja de la víctima, cuya muerte sigue todavía sin culpables a la espera de repetirse el juicio, transmitió mediante escritura pública de compraventa en 2011 a su esposa, “y por tanto con su colaboración”, la participación del 58,6% de un inmueble a cambio de 113.360 euros. Pero el juez considera que aquello fue una “venta simulada por cuanto el precio nunca llegó a abonarse”. En el mismo documento, Manuel Alonso transmitió el 41% restante a dos personas. “Nos encontramos ante un negocio ficticio para situarse en una situación de insolvencia que impediría que su hija, a través de Rosa Garrido, hermana de la fallecida –que ostentaba la guardia y custodia– viera satisfecha la deuda por la pensión”, reza el fallo judicial.

"No existe rastro bancario ninguno"

La conclusión del juez se ve reforzada también por un informe de la Guardia Civil, que refleja que “no existe rastro bancario alguno” de que la esposa de Manuel Alonso pudiera pagar esos 113.000 euros por la finca y que ninguno de los acusados, que “ofrecen versiones contradictorias” sobre el pago de esa cantidad, “pueden justificar el abono de un solo céntimo”.

Tampoco se acredita el cobro del dinero “mediante movimientos bancarios ni la existencia de fondos con los que poder afrontarlo, ni deudas abonadas entre 2011 y 2013 que justifiquen el destino del dinero”. Asimismo, no se ha podido demostrar que la madre de la acusada dispusiera de esas cantidades, a diferencia de lo que ella argumentaba, ni que pudiera traerlo desde Ucrania en viajes que no han sido acreditados.

La ex pareja de Lucía Garrido había sido condenado en 2007 a abonar 600 euros mensuales a su hija en concepto de pensión alimenticia, una cantidad que fue rebajada por una sentencia a 400. Tras la violenta muerte de Lucía Garrido, la custodia de la menor fue atribuida a su hermana Rosa, artífice de una lucha titánica para esclarecer lo ocurrido la noche en la que fue encontrada sin vida.

El magistrado señala que Manuel Alonso sabía que la deuda le podría ser exigida judicialmente y llegó, de hecho, a ser condenado. En su declaración mantenía que conocía la obligación del pago de la pensión, que había pagado “deudas” y que quedó “en paz con todo el mundo”. 

La mujer, por su parte, defendía que pretendía tener una propiedad en España y que por eso , y también con la intención de ayudar a su marido, compró parte de la finca rústica. Alegó que llegó de Ucrania con 32.000 euros, cuando todavía no conocía a su actual pareja. Tenía, según su versión, negocios con su primera pareja, aunque después se contradijo y mencionó a su madre.

La familia de Lucía Garrido, "indignada" 

Fuentes del entorno de la familia de Lucía Garrido mostraron su “indignación” al considerar que Manuel Alonso, condenado también a tres años de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en una sentencia confirmada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, “no haya entrado aún en prisión”. “Es algo excepcional lo que está ocurriendo con él”, lamentan los allegados.