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Condenan a un banco a pagar 47.000 euros de la compra de un piso 17 años después en Fuengirola

  • La demandante firmó en 2003 un contrato privado de compraventa con la promotora Aifos en relación a una vivienda en la urbanización Cortijo de Torreblanca

Ciudad de la Justicia de Málaga. Ciudad de la Justicia de Málaga.

Ciudad de la Justicia de Málaga. / Javier Albiñana

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Málaga ha condenado a una entidad bancaria a pagar los 47.439 euros que una mujer abonó a cuenta de la compra en un piso hace 17 años en Fuengirola, que se encuentra inacabado.

La demandante firmó el 21 de agosto de 2003 un contrato privado de compraventa con la promotora Aifos en relación a una vivienda en la urbanización Cortijo de Torreblanca, que debía entregarse en 20 meses desde la firma del acta de replanteo, algo que no sucedió, según señala la sentencia.

En la resolución se precisa que la demandada conoce dicho incumplimiento, en tanto que la entidad se personó en el concurso de acreedores en que incurrió la promotora, así como por la condición de banco de administrador concursal de Aifos.

De la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, ha informado este lunes la plataforma SOS Vivienda, que coordina Ley 57 Abogados, que señala que la afectada había dado una entrada inicial de 13.500 euros y había efectuado decenas de pagos mensuales hasta completar 47.439 euros.

La plataforma explicó a la mujer que gracias a una antigua ley del año 1968 y a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, tenía opción de recuperar su dinero.

Si bien no se le había dado un aval individual de su dinero sí se le había asegurado que tales cantidades estarían garantizadas, y la sentencia resuelve que "debe también partirse de lo que la doctrina del Tribunal Supremo ha fijado con reiteración".

Esto supone que "no pueden descargarse sobre el comprador las consecuencias de los incumplimientos de la Ley 57/1968 por el promotor, por la entidad que admita anticipos de los compradores en cualquier cuenta del promotor o por la entidad avalista o aseguradora, pues las normas de dicha ley son imperativas y los derechos que reconoce al comprador son irrenunciables".

Por ello, otorga validez a aquellos documentos bancarios que le fueron mostrados para decidir que "dichas pólizas suscritas sustentan la responsabilidad de la entidad financiera respecto del ingreso de las cantidades vinculadas a dicha compra de vivienda a la promotora", y condena al Banco Santander -como sustituta de entidades que las emitieron (Banesto, Banco de Andalucía y Banco Pastor)- al pago del importe entregado más intereses y las costas del proceso.

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