El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra una sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Málaga, que condenaba a la Administración sanitaria al pago de 30.435,34 euros en concepto de reintegro por los gastos sanitarios ocasionados a los que ha tenido que hacer frente un paciente que acudió a la Clínica de Navarra tras haber sido "desahuciado" por la sanidad pública en un supuesto caso de cáncer.

Según informó ayer la asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han defendido a M. L. C., los hechos se remontan cuando a este paciente malagueño de 57 años le diagnostican "equivocadamente" un cáncer de vesícula metastático de grado terminal. Debido a este trance, el paciente solicitó una segunda opinión médica en la sanidad privada, en la Clínica de Navarra. Ya en dicho centro, le aplicaron de forma urgente y a efectos preventivos quimioterapia, además de realizarle pruebas que "descartaron el cáncer que diagnosticado en el Hospital Carlos Haya".

Ante ello, solicitó que el SAS le abonase todos los gastos ocasionados, a lo que la Administración se negó. La Sala de lo Social considera que la "urgencia vital" significa "no solo el peligro inminente de fallecimiento, sino también la posibilidad cierta y próxima de un daño irreparable". La sentencia dice que ante la "tardanza" en aplicarle la quimioterapia, el "error" en diagnosticar un tumor biliar "inexistente" y la "negativa" a intervenirle en el centro publico, se considera una "dilación indebida y un error medico", por lo que el hecho de elección de la medicina privada "no ha sido voluntaria, sino motivada por el proceder de los servicios públicos".