El Ayuntamiento de Málaga mueve ficha en el objetivo de reducir en lo posible el drástico efecto que la crisis del coronavirus tiene sobre miles de negocios en la capital de la Costa del Sol. Poco más de dos semanas después de que se decretase el estado de alarma en todo el país, obligando al cierre de establecimientos no esenciales como los bares y restaurantes, entre otros, el alcalde, Francisco de la Torre, pone sobre la mesa las primeras medidas con las que amortiguar el impacto de la pandemia.

Y lo hace dando forma a un plan que incluye la exención en el pago de varias tasas municipales y la posible aplicación de bonificaciones en algunos tributos. En global, de acuerdo con los datos aportados ayer por el regidor en una rueda de prensa virtual en la que contestó a preguntas de once medios de comunicación, el impacto que esta iniciativa tendrá sobre las arcas del Consistorio será de 800.000 euros mensuales.

O lo que es lo mismo, es un dinero que se ahorrarán los beneficiados de estas acciones fiscales. Entre ellos, alrededor de 3.500 negocios de hostelería (unos 1.500) y empresarios de mercadillos (que suman 9.500 recibos), que quedan liberados del pago de las tasas de ocupación de vía pública, de toldos y de montaje de los puestos mientras que extienda el decreto de alarma y, por ende, su inactividad. El efecto económico que tiene este primer acuerdo es de 250.000 euros.

La pretensión del equipo de gobierno es que este beneficio se aplique, en el caso de los mercadillos, descontando los días de cierre en el último cargo del año, el 21 de diciembre. Ello la previa suspensión de las autorizaciones y bajo petición de los mismos. Para las mesas y sillas de los bares y restaurantes, la rebaja se aplicará en el cargo único de los recibos no domiciliados y en el primer cargo de los domiciliados -7 de septiembre-. Al tiempo, se amplía dos meses el período voluntario de pago, de forma que podrá realizarse desde el 6 de julio al 7 de septiembre. Esta liberación fue una de las demandas que realizaron los empresarios del sector al comienzo del estado de alarma.

El plan municipal también beneficia a los quioscos que decidan cerrar, eliminando la cuota en ese periodo. Y a los puestos de los mercados municipales cuya actividad no está permitida por el Estado, que vienen a sumar unas 1.700 licencias. Todos ellos tendrán un descuento en las cuotas de septiembre. Para todos los puestos de los mercados, incluidos los de alimentación, se aplaza dos meses la fecha del primer cargo, pasando del 31 de marzo al 1 de junio.

Otro beneficio fiscal que se aplicará a unos 11.500 negocios cerrados es el de reducir la tasa de basura. Su aplicación, no obstante, tal y como reconoció el regidor, se vincula a la autorización del Gobierno central para poder llevarla a cabo con efecto retroactivo este año o con compensación, mediante reducción de cuota, en 2021. El ahorro potencial de la medida es de 220.000 euros al mes.

Precisamente, una de las cuestiones en las que incidió De la Torre es la reclamación que ha realizado al Gobierno central, mediante una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que autorice a los ayuntamientos a emplear el remanente disponible en medidas económicas y sociales, buscando "mitigar las consecuencias actuales y venideras derivadas de la pandemia".

El mandatario malagueño pide poder bonificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y las tasas de devengo periódico por prestación de servicios, entre otras. Y ayer subrayó la necesidad de que los municipios tengan un papel importante en el reparto de los fondos de inversión que se puedan activar tanto por parte del Gobierno como de la Unión Europea.

La estrategia diseñada por el Ayuntamiento incorpora, además, la ampliación en el periodo de pago de ciertos tributos, repercutiendo en 175.000 recibos. Ello obliga a posponer el cobro de 60 millones. Entre ellos, el Impuesto de Tracción de Vehículos Mecánicos (ITVM), cuyo periodo voluntario se prorroga en dos meses para los recibos no domiciliados (unos 100.000 contribuyentes). La fecha de fin de abono pasa del 5 de mayo al 6 de julio de 2020. La prórroga afecta también al ingreso de la plusvalía municipal, con unas 4.200 declaraciones.

Asimismo, se flexibiliza el pago de tributos con planes personalizados de aplazamiento y fraccionamiento, y de las deudas con la administración. Por un lado, se prorroga el plazo hasta el 30 de abril para las deudas emitidas antes del 18 de marzo de 2020 con fecha límite de pago en vigor. Y hasta el 20 de mayo para los mismos conceptos emitidos desde el 18 de marzo de 2020. Se calculan unas 50.000 liquidaciones.

Las actuaciones de embargo también quedan suspendidas. De un lado, las que remiten en abril a la Agencia Tributaria para que no afecte a las devoluciones en el impuesto de la renta, y de otro, las de cuentas por deudas tributarias durante la vigencia del estado de alarma.