Correos sigue esperando comprador

Hace algo menos de un año, este periódico informaba de que el futuro edificio de Correos en Málaga capital, incluido por el Gobierno central como parte del pago a la Junta de Andalucía de la conocida como deuda histórica, empezaba a clarificarse. Casi un año después de aquel momento, el edificio de Correos continúa instalado en un limbo con un horizonte sin despejar, puesto que la intención de la Administración autonómica de vender la edificación sigue sin tener éxito.

Así lo confirmaron a este periódico varias fuentes del Gobierno autonómico al ser preguntadas por la situación en la que se encuentra la operación de enajenación iniciada en julio de 2010, apenas semanas después de que el inmueble, tasado en entre 25 y 30 millones de euros, fuese integrado en el patrimonio autonómico. Este extremo fue confirmado, además, por la delegada andaluza en la provincia de Málaga, Remedios Martel, que fue clara sobre el asunto: "El edificio se puso a la venta y es verdad que hay algunas empresas interesadas, pero por el momento no hay nada".

"La realidad es que estos momentos no son los mejores para que los promotores y empresas interesadas den pasos adelante", añadió Martel, que insistió en la existencia de "conversaciones con algunos grupos". Lo que nadie puede aclarar hoy en el seno de la Administración regional es el calendario de venta de un edificio que tiene sobre sí un handicap incuestionable: su calificación como equipamiento de Servicio de Interés Público y Social (catalogación que no varía en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-, que está a la espera de su entrada en vigor).

Este uso, por ejemplo, puede afectar a la opción de construir oficinas o viviendas. Un punto que tiene división de opiniones. Mientras un experto consultado por este periódico estimó la opción de que el inmueble mantenga su uso actual, es decir, de oficinas, pero con carácter privado, otro corrigió este argumento, al indicar que la actual calificación sólo permite que sea una administración pública la que dé uso al inmueble para los fines contemplados. Y precisaron que de proponerse un cambio de calificación habrá de contar con el visto bueno de consejo consultivo andaluz y una compensación del equipamiento afectado en otro punto de la ciudad.

¿Existe algún movimiento por parte de la Junta para modificar esta calificación? Este periódico ha podido saber de fuentes municipales que oficialmente no existe petición alguna para plantear un cambio de estas características.

A ello se suma la posición que en su día adoptó el Consistorio en un episodio semejante, cuando fue la Diputación provincial la que propuso destinar a usos terciarios su antigua sede de la Acera de la Marina, con el fin de arrendar parte de la misma para la implantación de oficinas. En aquella ocasión la respuesta municipal fue negativa.

Un segundo elemento de conflicto en el planteamiento de la Junta es el estado en el que se encuentra el edificio de Correos, abierto allá por el año 1980 y con 17.000 metros cuadrados edificados, que en los últimos meses, cuando aún albergaba los servicios centrales de la firma postal, tuvo que ser cubierto con una gran malla para evitar la caída de cascotes de la fachada a la vía pública, lo que fue objeto de denuncia por parte de los propios trabajadores del organismo. Muestra de ello es que el Gobierno, anterior propietario del inmueble, adjudicó en marzo de 2008, por 11 millones de euros a la empresa Vías y Construcciones, la obra de rehabilitación del edificio que, aún hoy, sigue pendiente. Una tarea que supone una carga más a asumir por la potencial compradora de la construcción.

En este contexto, lo que sí parece completamente desechado es que la propia institución regional esté planteándose darle uso institucional al inmueble, al objeto de dar cabida en el mismo a algunas de sus dependencias. Una hipótesis que llegó a barajarse tras los no pocos intentos de la Junta de Andalucía de disponer de un asentamiento adecuado donde levantar una gran sede en la que aglutinar buena parte de sus delegaciones, acción con la que lograr un ahorro sustancial en el pago de alquileres. Esa idea fue la que llevó al Gobierno regional a promover hace varios años la posibilidad de ejecutar una macrosede en la zona de Teatinos y diseñar un plan de traslado que iba a afectar a unos 1.200 funcionarios.