A principios de año, la Policía Nacional detuvo en Marbella a un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, considerado uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, una de las bandas criminales más importantes de los Países Bajos por supuestamente blanquear seis millones de euros procedentes del narcotráfico internacional. Y es que la lucha contra el tráfico de droga en Málaga va mucho más allá de la incautación de un alijo, el lavado del dinero procedente de los estupefacientes utiliza cada vez métodos más refinados. En consecuencia, la prevención en la provincia es especialmente crucial. 

Su situación estratégica, a unos 14 kilómetros de Marruecos –mayor productor de hachís del mundo- y a apenas una hora y media en coche de Algeciras –una de las puertas de entrada de la cocaína al continente, y que sea lugar preferido para muchos turistas hacen de la Costa del Sol un caldo de cultivo perfecto para la comisión de actividades ilícitas, lo que la convierte en "una zona de riesgo" para los investigadores y operadores jurídicos, explica la responsable de inspección del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), África Pinillos. 

En el marco de las novenas Jornadas sobre Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales que desarrolla la Abogacía Española en Málaga, Pinillos ha indicado que el litoral "es atractivo al blanqueo del delito con la compra de inmuebles y movimientos de efectivo". De hecho, la operación Malaya -destapada en 2006 Marbella- es la madre de todas las macrocausas de corrupción económica y política que marcó un punto de inflexión en la democracia española, por su magnitud y gravedad. 

Si bien, el desarrollo de la tecnología a pasos agigantados, con la irrupción universal y a gran escala de la Inteligencia Artificial hace apenas unos años, está cambiando el paradigma de la delincuencia. Los cibecriminales, con avanzados conocimientos para detectar los vacíos legales que hay en la red y burlar los sistemas de seguridad, han ideado un sin fin de estafas que han arruinado ya a miles de familias.

También han surgido, como resulta evidente, nuevas formas de blanquear capitales. Una de ellas, mediante criptomonedas -un tipo de medio digital de intercambio que cumple la función de una moneda, utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos-. Debido a su disponibilidad mundial, a la facilidad de acceso, a la fiabilidad e irreversibilidad de las transacciones, a la rapidez de las transferencias internacionales y a la capacidad de ocultar la identidad de los propietarios de los fondos, estas se han convertido en una herramienta ideal para los blanqueadores a lo que se suma "que se trata de un sector nuevo no regulado", precisa la responsable de inspección del Sepblac.

Mulas digitales

Del mismo modo, han irrumpido nuevas figuras necesarias en esta cadena para lavar dinero, como las mulas digitales. Estas personas -conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo cuando les suplantan la identidad- ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficio facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos "se legitimen". "Todo esto son riesgos emergentes, que los estamos viendo crecer cada día y precisa de una respuesta contundente de las autoridades", apostilla Pinillos.

Cabe recordar que el Sepblac es la unidad de inteligencia financiera de España así como la autoridad supervisora del territorio en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que nació en 1993 como organismo estatal especializado en estas cuestiones como consecuencia de las nuevas formas de criminalidad económica y la creciente complejidad y sofisticación de los esquemas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Por su parte, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que también asistió a las jornadas, reclama un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y represión del blanqueo de capitales, así como respeto al secreto profesional que ejercen los abogados del que son titulares los ciudadanos. "El Estado debe tener instrumentos para perseguir el blanqueo de capitales sin afectar a los derechos fundamentales", considera.

No obstante, señala que la persecución del lavado del dinero procedente de actividades ilegales está dando en los últimos años y especialmente en los últimos meses "importantes pasos adelante", y muestra de ello -señala- la reciente entrada en vigor del Registro de Titularidades Reales, que tiene por objeto la claridad a la hora de conocer quiénes son los verdaderos propietarios de las sociedades españolas o que operan en España, y se ha referido a la inminente aprobación de un reglamento europeo y de una directiva en relación con la prevención y represión del lavado de dinero.

Ortega refrenda el "compromiso" de la Abogacía en la lucha contra esta lacra social a la que contribuye desde el Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales, donde se centraliza todo el conocimiento y participación de la profesión en la elaboración de las aludidas normas.

El presidente de este órgano, Jesús Pellón, también considera que "la lucha contra esta forma delictiva es especialmente compleja en un sistema financiero y legal en el que se producen millones de operaciones diarias, pero en el que distintos agentes como las entidades financieras, los notarios, los registradores y los propios abogados impiden en innumerables ocasiones la comisión de este tipo de delitos".