"Debería haber una medida cautelar para evitar sinvergüenzas en la política"

JOSÉ Luis Rodríguez es una institución en el ámbito de la inmigración. Este abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Málaga coordina a la quincena de letrados del equipo jurídico de Andalucía Acoge. Lleva 24 años luchando de forma altruista por los inmigrantes con un arma pacífica y la que mejor conoce: la Ley. De hecho, ha tumbado muchos artículos de leyes y reglamentos de Extranjería porque no se ajustaban a Derecho. Dice que lo hace porque en su casa y en el colegio le inculcaron el poner sus capacidades al servicio de los demás.

-¿Cómo afecta la crisis a los abogados?

-Nuestros honorarios necesariamente tienen que bajar y adecuarse a la realidad que hay. Además, hay más personas que van al turno de oficio porque no pueden pagar un letrado particular y los que pueden pagarlo, no disponen de la misma capacidad económica. Y tenemos que adecuar nuestros honorarios.

-¿Cómo va pagando la Junta de Andalucía el turno de oficio?

-Con muchísimo retraso. El Colegio de Abogados está permanentemente reclamando y no aceptando dilaciones en ese pago, pero la Junta paga tarde y mal. Debería pagar trimestralmente y no es así. Lleva una demora de más meses.

-¿La inmigración se ha frenado con la crisis?

-No diría que se ha frenado. Se han dificultado los procesos de las personas que ya estaban aquí. Probablemente alguno haya optado por tomar España como país de tránsito, no de destino. Y muy pocos están regresando. Las pateras procedentes del África subsahariana siguen llegando. La peor de las crisis económicas [aquí] siempre será mejor que la situación en sus países de origen. Los inmigrantes procedentes de América Latina y Europa del Este quizás puedan pensárselo, pero los del África subsahariana continúan llegando. Lo vemos en Italia.

-¿Lampedusa nos queda lejos o cerca?

-Nos queda muy cerca. Hay un refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar. Si hay sistemas de vigilancia en el Estrecho para quienes intentan entrar de forma irregular en el país y hacen que esas rutas sean más difíciles, lo único que se va a conseguir es desplazar la entrada que antes se hacía con pateras o cayucos a barcos de algo más de autonomía, en malas condiciones como está ocurriendo en Lampedusa. En modo alguno es desechable que pueda ocurrir esa circunstancia en nuestro país, a través de Canarias o de las costas del Mediterráneo. De hecho deberíamos estar preparándonos porque puede ocurrir.

-¿Cuál es el principal problema de los inmigrantes en este momento?

-El trabajo. Y al no haber trabajo, hay dificultades con el mantenimiento de la documentación o con su obtención. El que ha perdido el trabajo o no tiene un contrato, no va a poder renovar sus papeles. O el que lleva aquí tres años y quiere acogerse al arraigo, el primer requisito es tener un contrato de trabajo. Y no poder regularizarse -aparte de una dificultad económica para la alimentación o el vestido- añade el problema de la familia que depende de esos trabajadores. Si no le renuevan el permiso al trabajador, tampoco será para el cónyuge y los hijos. Y si el contrato es muy precario, tampoco va a poder reagrupar a su familia porque se exige tener medios económicos. En definitiva, repercute en un problema familiar y social.

-¿Sobre qué os consultan los inmigrantes?

-Sobre todo por problemas con la renovación de la documentación. Son personas que estaban documentadas, pero que [debido a la pérdida del trabajo] tienen dificultades para renovar sus papeles.

-El SAS dio instrucciones antes del verano para que se mantuviera la atención sanitaria a los inmigrantes, en contra de lo que ha dispuesto el Gobierno central. ¿Se cumplen?

-Con algunas excepciones, más por desinformación que por otra cosa, sí. Puede haber alguna incidencia en algún centro de salud por desinformación, pero se subsana. Con carácter general se está cumpliendo. Pero no todo el mundo está informado. La circular del SAS fue un avance porque antes las instrucciones verbales eran las mismas, pero la desinformación en los centros de salud era muy superior. Entonces sí que teníamos muchas incidencias.

-Este es un derecho que no tienen los inmigrantes de otras comunidades...

-Es algo que la sociedad civil, las organizaciones han venido reclamando y nuestra comunidad autónoma ha sido sensible. A mí no me gusta hablar de la desobediencia de Andalucía, sino de la mejora del derecho. Hay una mejora del derecho estatal que es mérito de la comunidad autónoma.

-¿Los inmigrantes en situación irregular a qué están expuestos?

-A la invisibilidad, a no hacer una vida social normalizada. No pueden salir a la calle con tranquilidad, ni a fiestas, ni viajar; no pueden coger un tren o un autobús con tranquilidad porque hay controles. A no poder trabajar legalmente, lo que conlleva la posibilidad de explotación. Están expuestos a la marginalidad social con todos los riesgos que eso conlleva.

-Los juicios sobre extranjería por lo contencioso están teniendo mucha demora.

-La mayoría de los juzgados los están señalando para 2016. Son juicios por expulsiones, denegaciones de renovaciones, reagrupaciones familiares, arraigos denegados... El problema sobre todo está en las denegaciones de las renovaciones. Si una persona ha tenido papeles, le deniegan injustamente la renovación y recurre; lo que no tiene sentido es que durante ese tiempo se quede en situación irregular; sin poder trabajar, cuando ha tenido sus papeles. Se tiene que tirar tres años sin papeles, sin poder viajar a su país, con el riesgo de ser expulsado, ocultándose. Eso conlleva que los hijos o familiares que dependan de él van a tener problemas con las renovaciones. Es una serie de consecuencias en cascada. Si está trabajando, le tienen que dar de baja. [Después explica que se hizo una reforma legal para agilizar los procedimientos contencioso administrativos, como estos de Extranjería. Aquel cambio estableció que en los procedimientos abreviados, puede renunciarse a la vista. Rodríguez denuncia que las organizaciones piden que se resuelvan sin vista para que sean más rápidos, pero que la Abogacía del Estado solicita que se celebre la vista]. La Abogacía del Estado está torpedeando la reforma que el legislador introdujo para agilizar la aplicación de la ley. No sabemos si es por comodidad o porque a la Subdelegación del Gobierno le interesa que las sentencias salgan tarde; porque una justicia tardía, no es justicia y que a un inmigrante le den los papeles dentro de tres años no pone de manifiesto el error en esa tramitación administrativa.

-Ahora los españoles vuelven a ser inmigrantes...

-Quizás es un buen momento para hacer una reflexión sobre cómo estamos tratando a los que vienen aquí. Ahora el Estado debe ser consciente de las dificultades que se encuentran los españoles que salen del país y que hay que tratar tal y como queremos ser tratados. Ahora otra vez somos un país de emigrantes, lo fuimos, pero se nos olvidó muy pronto.

-Es acusación popular por Andalucía Acoge en el juicio por supuestos abusos sexuales en el Centro de Internamiento (CIE) de Capuchinos. Ha tardado en salir el juicio ¿no?

-La instrucción se ha demorado bastante porque muchas víctimas fueron expulsadas. Luego hubo comisiones rogatorias para tomarles declaraciones que han dilatado el procedimiento. El tribunal ha pedido que se haga un esfuerzo en localizar a las testigos que fueron expulsadas o que salieron del país. El juicio se celebrará porque la prueba está preconstituida.

-Finalmente el CIE se cerró. ¿Aquellos supuestos hechos fueron la puntilla?

Aquello fue un dato más para poner la manifiesto la opacidad y falta de transparencia en estos centros.

-¿Ahora que el centro de Capuchinos está cerrado a dónde llevan a los inmigrantes en situación irregular?

-A Algeciras. Pero el CIE de Algeciras también debe ser cerrado. Aquel edificio se cerró como prisión porque según reconoció el Ministerio del Interior en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no cumplía las condiciones para albergar personas privadas de libertad. Se cerró y se abrió un nuevo centro penitenciario. Y la sorpresa fue que al poco tiempo se reabrió como CIE. Es decir, no sirve para albergar personas privadas de libertad que han cometido delitos y sí para personas privadas de libertad que no han cometido ningún delito, sino solo una falta administrativa. Por lo tanto, el CIE de Algeciras tiene menos legitimidad para estar abierto que el de Capuchinos.

-Lleva 24 años trabajando de forma altruista en Extranjería. ¿No se ha cansado?

-No, no, no. Hay momentos de más trabajo o más duros. El incendio de la comisaría fue muy duro. Cuando atiendes a una persona que sufre, te abruma; pero cansarme, no. No me veo sin hacerlo.

-¿Cómo ve que el Tribunal Europeo haya tumbado la doctrina Parot y que la etarra Inés del Río haya quedado en libertad?

-Lo éticamente correcto es que se garantice a todas personas los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es el principio de legalidad o la irretroactividad penal. Lo deseable hubiera sido que el legislador, antes de cometerse los hechos delictivos, hubiera previsto esta circunstancia y hubiera establecido que no puede ser lo mismo matar a una persona que matar a 20 y por lo tanto, que los límites de cumplimiento [de la pena] no pueden ser iguales para uno que para otros. Lo que no puede pretenderse es aplicar una norma que vulnere los derechos fundamentales por muy reprochables que nos parezcan las consecuencias. Me sorprende que esto pasara del Tribunal Constitucional español. Quizás porque hay veces que los tribunales están contaminados por la realidad política y eso no debe ser. El Tribunal Europeo no está contaminado. Nadie dudó de la validez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando convalidó la ilegalización de Batasuna.

-Es profesor en la Universidad de Málaga, ¿ve los efectos de los recortes?

-En mi caso particular, no; pero hay una serie de áreas que sí están sufriendo los recortes. En cuanto a los alumnos sí he notado que están muy presionados por la nota, por la escasez de becas.

-¿Qué le parece que haya partidos que lleven imputados en sus listas?

-Debería establecerse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una medida cautelar, igual que la prisión preventiva, para que existiera la posibilidad de que un juez decida la separación de un cargo o servicio público. Pero como medida cautelar en la que se garantice el derecho de esa persona a defenderse en esa medida cautelar, a alegar, con su abogado. No decir que todo imputado no pueda presentarse, porque podrían producirse injusticias, porque se vulneraría la presunción de inocencia, sino que todo imputado al que el juez haya dicho que queda suspendido de ese servicio público hasta que no salga el juicio; igual que un juez puede meter a una persona en prisión y le suspende su derecho a la libertad. Igual, que pueda hacerlo con el derecho a presentarse en listas, en función de la gravedad, de los indicios y con una vista para evitar que pueda haber sinvergüenzas en la política.

-¿El Metro soterrado o en superficie?

-Si es Metro, prefiero soterrado porque en superficie afearía la ciudad. Pero me gusta el tranvía y no tengo inconveniente en que en determinadas zonas haya tranvía y se utilice un intercambiador. Las ciudades donde hay tranvías me gustan.

-¿Usa el carril bici?

-No suelo usarlo, pero me parece bien que exista siempre que haya conexión y que no haya zonas de vacío.