Los clubes de cannabis, asociaciones en teoría sin ánimo de lucro, integradas por personas mayores de edad consumidoras de cannabis, son un invento cuya actividad está a merced del policía o juez de turno. A pesar de que el consumo y el cultivo privado está despenalizado en España, las asociaciones cannábicas se encuentran en un limbo por falta de marco legal. En la provincia, en el último año las operaciones policiales en estos establecimientos se han incrementado, bien porque se ha detectado mediante una investigación un presunto ánimo de lucro con ventas de producto a personas que no son socios o por la venta de otras sustancias estupefacientes ilegales, por lo que estarían usando la asociación como tapadera para delinquir, cometiendo además un presunto delito de asociación ilícita, en el que los socios también están siendo imputados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 10 llamó ayer a declarar a siete socios de un club de cannabis de la provincia, imputados por un presunto delito de asociación ilícita y está previsto que hoy acudan varios socios más.

Mientras el juez les tomaba testimonio, en las puertas de la Ciudad de la Justicia se concentraban una veintena de personas para reclamar que se termine el "acoso policial" a los clubes cannábicos. María Alvárez, presidenta de la asociación Arseca (Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía) denunció esta presión a pesar de que todo se está haciendo de manera "autorregulada"; cultivan cannabis para sus socios en un circuito cerrado, por lo que se hace sin ánimo de lucro, y a los clubes solo se accede por invitación de otros socios o con la prescripción médica, en el caso de enfermos terapéuticos.