El ex concejal de Marbella Carlos Fernández, fugado en el año 2006 tras destaparse los casos de corrupción, ha sido puesto en libertad por las autoridades argentinas bajo una fianza de 300.000 pesos (unos 14.000 euros), mientras se resuelve el proceso que se sigue para su repatriación. Su libertad se hizo efectiva ayer tras permanecer más de tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en la provincia argentina de San Juan. En la puerta de la cárcel estaba el periodista Walter Ríos, del Diario de Cuyo, y consiguió que le atendiera, siendo la primera vez que Fernández da explicaciones desde su marcha de España. “Vi que me esperaba la prisión y decidí marcharme”, le dijo.

Fernández aseguró al redactor argentino que “lo mejor era salir, estar el tiempo que tenía que estar fuera y luego dar las explicaciones pertinentes” porque, según dijo el ex edil del GIL, “estuve presentándome como me habían pedido y el juez de una de las causas tenía en mente hacer un procesamiento de todas las personas y yo no quería, por lo que no me dejaron exponer mi causa y mi situación”. Fernández afirmó que quiso hablar con el juez, que le fue imposible “y ante esa situación, vi que me esperaba la prisión y decidí marcharme”.

El ex edil señaló que en España “no estaban las garantías procesales y me marché ante una indefensión”. Pese a su fuga, Fernández sigue manteniendo que es inocente y argumentó que “la única posibilidad que había de sacarme de la política era a través de decisiones judiciales”.

Hasta que no se resuelva el proceso, Carlos Fernández tendrá la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y de pedir autorización para salir de la provincia, así como la prohibición de abandonar el país. Varios juzgados españoles habían solicitado la extradición por la presunta comisión de diferentes delitos cuando era concejal en Marbella, aunque la justicia argentina pone limitaciones, ya que considera que algunos delitos están prescritos según la legislación del país.

El Juzgado Federal número 2 de la provincia de San Juan, con el magistrado Leopoldo Rago Gallo al frente, aprobó enviarlo a su país de origen por el llamado caso Saqueo 2, en el que está acusado de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La causa, que está en manos de la Audiencia Nacional, investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.

La representación legal del exedil ha recurrido y están a la espera de una nueva resolución al entender que, al igual que los otros procedimientos, el caso está prescrito. Las fuentes explicaron que la familia está muy satisfecha y contenta y que sus padres ya se han desplazado hasta Argentina para estar con él en los días de Navidad. Indicaron además que aunque fuese extraditado a España mantendrán que el delito de malversación de caudales públicos que se le imputa al exedil en el caso Saqueo está prescrito.

Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con Jesús Gil de alcalde, más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

A partir de ahí, formó parte del gobierno que presidió Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo, hasta que fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil de su partido tras la denuncia de varios trabajadores sobre la gestión económica de las áreas de las que se encargaban.

Dimitió de forma irrevocable de la secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.