La oficina del Catastro situada en la segunda planta del edificio de Hacienda estuvo ayer cerrada a cal y canto. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado desplazados desde Madrid impidieron desde las 8:30 -los registros se prolongaron hasta las 16:00- la entrada a los ciudadanos que tenían cita para realizar gestiones administrativas y analizaron la documentación existente en algunos ordenadores. El revuelo fue tal que algunos trabajadores llegaron a pensar que se trataba de un "simulacro" para hacer frente a "cualquier tipo de acción futura". Sin embargo, las dudas desaparecieron cuando uno de los guardias civiles pidió a los empleados que dejaran en un pósit el nombre de usuario y la contraseña para acceder a su equipo informático.

"A la mayoría nos han dado el día libre porque los agentes se han quedado en el interior del edificio analizando toda la información. Sólo algún que otro informático y los jefes de personal se ha tenido que quedar para ayudar a los agentes", aseguraba a este periódico uno de los empleados. A su juicio, el alcance de la operación debía ser "bastante grave" porque la Guardia Civil examinó "con sumo detalle" toda la documentación que iban recopilando y que iba trasladando a una caja. "Se llegó a dar la situación de que había compañeros que habían ido a desayunar fuera y que no podían entrar porque la Guardia Civil impedía el acceso a las dependencias y de ciudadanos que querían resolver sus trámites y que tampoco podían entrar", señalaba otro trabajador. Era el caso de Raúl Fernández, que tenía desde hacía varios días programada una cita en el Catastro, donde trabajan alrededor de ochenta empleados. "He pedido permiso en el trabajo para venir aquí y ahora me encuentro con que la Guardia Civil me impide la entrada a un edificio como Hacienda", se quejaba.

La misma escena se repetía en el edificio del Patronato de Recaudación Provincial. Apenas unos minutos después de las 8:00, los agentes se dirigieron a la Unidad de Gestión Catastral. Les dijeron a los trabajadores que dejaran algunos despachos. Exactamente los de los cuatro trabajadores en los que se centraban las pesquisas ordenadas por el Juzgado número 3 de Vélez. Algunos funcionarios esperaron toda la mañana a la entrada del edificio. "Sabemos lo que dice la prensa, nada más", apuntaban. En el resto de las dependencias, la actividad de cara al público continuó con normalidad. A media mañana, una quincena de trabajadores del Patronato aguardaba al sol en la calle Severo Ochoa a que la Guardia Civil concluyera su trabajo. Una trabajadora comentaba: "Es preferible estar trabajando, la mañana se hace más corta". Rosa, otra de las empleadas, aseguraba que los registros habían sido minucioso: "Nos han mirado todo, hasta el maquillaje. En un primer momento nos dijeron que nos podíamos ir a desayunar pero que no abandonáramos el edificio. Cuando hemos regresado hemos visto que los agentes estaban registrando todo, mesa por mesa y papel por papel."

Antes de que se practicaran los dos registros, el capitán de la UCO reunió a los trabajadores para comunicarles que los agentes estaban buscando información relativa el caso Alcaucín. "No nos dejaron tocar los ordenadores ni pudimos hacer llamadas sin el permiso de los agentes", señalaba otra trabajadora.