Josefa Arrebola tiene 75 años y hace siete meses que perdió su casa tras un desahucio que iniciaron dos prestamistas, a los que recurrió por su "angustiosa situación" económica. No sabe leer ni escribir, lo que, en palabras de Antonio Bautista, su marido, le impidió conocer las condiciones "leoninas" firmadas. El Juzgado de Archidona ha admitido a trámite la denuncia que presentó y en la que refleja que suscribió un préstamo de 73.584,90 euros a devolver en un plazo de solo seis meses. En la operación aportó la escritura de su inmueble -valorado en unos 400.000- y aceptó como cláusula que se podría ejecutar la hipoteca de producirse un impago. El caso está en manos del abogado Armando Rodríguez, que considera que su clienta ha sido víctima de una estafa y ha pedido la nulidad del préstamo con garantía hipotecaria.

La contratación se remonta al pasado 2011, dos años después de que la familia se trasladara desde Barcelona a Villanueva del Trabuco, donde tenía una vivienda. Su economía, que había estado centrada en el sector de la construcción, terminó desmoronándose. Los hijos eran administradores de dos sociedades que entraron en quiebra. Como consecuencia de los impagos, le adeudaron un total de 200.000 euros, según la denuncia dirigida al Juzgado.

La progenitora decidió buscar financiación y, para ello, acudió a distintas entidades bancarias, que por su edad, al parecer, le denegaron. "En el pueblo le hablaron de gente que le podía ayudar. Conoció a dos prestamistas, que vinieron a hacer fotos de la casa con sus mujeres. Se les puso café y les dimos una docena de huevos de gallinas", relata Antonio. La condición para obtener el préstamo era tener una vivienda libre de cargas que serviría como garantía. "Le dieron dos talones de 25.000 euros cada uno y firmaron una letra de 39.000. La engañaron como a una china. Pretendían que pagara más de 73.000 euros en seis meses. ¿Cómo íbamos a tener esa cantidad? Cuando yo volví, ya estaba todo hecho", se lamenta el hombre.

Ante la imposibilidad de afrontar la cuantía del préstamo, que según la denuncia reúne "todos los elementos definitorios de la usura", los demandados instaron el procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Archidona y tomaron posesión de la finca. Reclamaban unos 170.000 euros, sumando ya los intereses, al 26%. "Allí teníamos todo lo de 50 años de casados, incluido una pulsera de oro que le compré a mi mujer en el 69", detalla Antonio.

Josefa emitió hace unos meses un escrito al notario ante el que firmó las condiciones en el que indicaba que había sido "desahuciada violentamente" por una "deuda miserable a manos de dos usureros". "Me veo en la calle a expensas de la caridad debido a la firma frente a usted de un documento indescifrable aquel maldito 21 de julio de 2011", rezaba el texto. El abogado añade que todo notario "está obligado a controlar de oficio las cláusulas que se puedan considerar abusivas".

El matrimonio, que no pierde la esperanza de recuperar su inmueble, reside ahora en un piso de alquiler en Antequera. "Estamos con la soga al cuello", afirma Antonio. Su interés en visibilizar el caso es evitar que otros se vean en su misma situación. "Que la gente tenga cuidado con los usureros", asevera.

El letrado propone que los denunciados entreguen la casa y la familia busque una fórmula para asumir la deuda, o bien que estos le aporten 309.000 euros, la diferencia de la tasación.