Denuncian que el centro de extranjeros es uno "de los más duros" de España

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha documentado en un informe fruto de una investigación realizada en tres de los ocho Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) que existen en España, que estas instalaciones donde se retiene a los inmigrantes que van a ser expulsados del territorio nacional "son un agujero negro de los derechos humanos" donde las personas se encuentran en situación "infrahumana" y en ocasiones sufren "malos tratos y torturas".

El informe, elaborado en colaboración con el Servicio Jesuita de Ayuda al Refugiado en el marco de su programa (DEVAS) de monitorización de los CIE en 23 países europeos, recoge un centenar de entrevistas realizadas con funcionarios, directores e internos de los centros elegidos aleatoriamente tras visitar las instalaciones, Capuchinos (Málaga), de Aluche (Madrid) y Zapadores (Valencia) con la autorización del Ministerio del Interior.

Según explicaron en rueda de prensa el director del estudio y psiquiatra Pau Pérez y el secretario General de CEAR, Alfredo Abad, de las entrevistas y la observación de los investigadores se desprende que el CIE de Valencia es el de "condiciones más duras" en cuanto a instalaciones y trato a los internos, seguido del de Madrid y el de Málaga. No obstante, "en todos ocurren cosas que no deberían ocurrir", señaló Pérez.

En primer lugar, el informe desmiente que la mayor parte de los internos sean delincuentes ya que "la mayoría son ciudadanos normales y corrientes que llevan mucho tiempo en España" (el 48,6%) y que han cometido una falta administrativa ya que "sólo el 21,6% habría sufrido una detención anterior en España, el 14,9 por causa penal". Por nacionalidad, el 20% son africanos que han sido interceptados cuando viajaban en pateras y cayucos, otro 20%, africanos que llevan más de cuatro años en España, un 20% ciudadanos asiáticos y del este de Europa y el 40% restante, latinoamericanos que no han podido regularizar su situación, según el estudio.

Estas personas no reciben información sobre el reglamento del centro a su llegada ni documento que pruebe su estancia una vez puestos en libertad.