La eutanasia es un tema muy espinoso, pero es legal desde el 25 de junio de 2021. Aún así, hay enfermos terminales que quieren acogerse a este derecho a morir y no lo logran. Al menos son tres en la provincia de Málaga. Dos lo han intentado en centros de salud del sistema público y otro, en uno privado. En todos estos casos, la razón esgrimida por el médico fue que es objetor.

“Ni siquiera consiguen que les cojan la solicitud”, denuncia Eva Camps Olmedo, miembro de la ejecutiva federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En este sentido, aclara que aunque el facultativo sea objetor, “está obligado a coger la solicitud, inscribirse como objetor en el registro específico previsto por la ley y elevar a su superior la petición”. Éste deberá designar a otro médico. En caso de que todos los profesionales del centro fueran objetores, la solicitud se debe elevar al distrito sanitario correspondiente.

Con el apoyo de DMD, uno de los tres pacientes –que lleva esperando seis meses a que tomen en cuenta su petición– ha presentado una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía responsable de la aplicación de la ley. “Nos contestaron que ya lo habían puesto en manos del centro de salud y que desde allí lo llamarían; pero hasta el día de hoy, han pasado más de dos semanas y nadie lo llama”, asegura Camps.

Además, añade que hay otro enfermo terminal que lleva esperando más de un año. Quiso acogerse a este derecho nada más entrar en vigor la ley –hace casi 16 meses– y tampoco ha conseguido que le reciban su petición de ser sometido a eutanasia. “Se aburre de insistir. Periódicamente se desespera y cuando no puede más de dolores, vuelve a intentarlo”, sostiene la representante de DMD. Pero sin éxito.

Hay un tercer paciente terminal en la misma situación. Lleva aguardando un mes sin poder ni siquiera iniciar el trámite porque “tampoco le admiten la solicitud”, según indica DMD. “No sé si es boicot a conciencia por ideología o ineficacia, pero se dejan de atender a personas que son muy poquitas, pero que están sufriendo mucho. Y es un derecho fundamental”, defiende Camps.

La ley se ha aplicado en la provincia al menos en dos ocasiones. La primera fue en marzo pasado, a un enfermo terminal de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde que entró en vigor la ley, la asociación DMD viene denunciando “trabas y dificultades” en su aplicación. La organización desconoce si se ha utilizado en más casos en la provincia ya que la Administración autonómica no le facilita datos. Tampoco sabe si hay más personas que no puedan ejercer ese derecho, ya que sólo tienen constancia de aquellas que acuden a DMD.

La asociación reclama que a nivel provincial o por distrito se designen médicos referentes en la aplicación de la ley, una figura que han puesto en marcha aquellas comunidades autónomas en las que “la ley funciona”. Camps reconoce que la Administración ha dado cursos on line sobre este tema a los profesionales, pero insiste en que falta “formación e información” sobre el asunto. Acota que por desconocimiento u objeción, los médicos son reacios a aplicar una ley que fue aprobada por el Congreso (PP y Vox votaron en contra). La ley contempla el derecho a la eutanasia para aquella persona que sufra una enfermedad grave e incurable; en ambos casos causante de un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable”.